El Gobierno nacional dispuso una serie de aumentos parciales en las tarifas de servicios públicos y en los impuestos a los combustibles a partir del 1° de agosto, en un intento por contener el impacto inflacionario en la antesala de las elecciones de octubre. La medida, oficializada a través de los decretos 522/2025 y 543/25 publicados en el Boletín Oficial, establece que el ajuste total de los impuestos a los combustibles se postergará hasta septiembre.

En detalle, las tarifas de electricidad tendrán un incremento del 0,4% a nivel nacional, mientras que el gas natural experimentará ajustes compensados con mayores subsidios para evitar subas abruptas en las boletas domiciliarias. El servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subirá un 1%. Según fuentes oficiales, el impacto final en las facturas de servicios oscilará entre el 1,5% y el 2%.

En cuanto a los combustibles, el Gobierno aplicó un aumento parcial en los impuestos que gravan la nafta y el gasoil. El litro de nafta súper subirá $6,95 y el gasoil $0,42, lo que representa incrementos del 0,5% y 0,2% respectivamente. El ajuste total, que incluye actualizaciones pendientes de 2024 y el primer trimestre de 2025, se implementará a partir del 1° de septiembre. Esta política de aumentos fraccionados ha sido utilizada reiteradamente desde mediados de 2024 para amortiguar el traslado a precios y evitar un salto inflacionario.

El Gobierno mantiene subsidios parciales a la energía y un tratamiento impositivo diferencial para el gasoil en la Patagonia y otras zonas específicas, en línea con la Ley 23.966. Además, las petroleras, como YPF, ya aplicaron subas en julio y podrían sumar nuevos aumentos en agosto, en función de la evolución del precio internacional del petróleo y el tipo de cambio.

Desde el Ejecutivo, se argumenta que la actualización de tarifas y combustibles es necesaria para sostener inversiones y evitar atrasos que comprometan el funcionamiento del sistema energético. Sin embargo, consumidores y empresas advierten sobre el impacto en el costo de vida y la logística, mientras crece la expectativa por el ajuste total previsto para septiembre, que podría tener un efecto más marcado en la inflación.

El contexto electoral y el compromiso con el FMI para reducir subsidios condicionan la política tarifaria, en un escenario de alta sensibilidad social y económica. El Gobierno anticipó que, tras los comicios, podría revisar el esquema de subsidios y fondos fiduciarios, lo que abre un nuevo frente de negociación con los gobernadores y actores del sector energético.