El litigio internacional por la expropiación de YPF continúa generando tensiones entre el Estado argentino y los tribunales estadounidenses. La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó recientemente al Gobierno argentino entregar conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos y otras comunicaciones personales de los ministros de Economía Luis Caputo y Sergio Massa, así como de otros altos funcionarios de las administraciones de Javier Milei y Alberto Fernández. Esta medida forma parte del proceso de discovery, cuyo objetivo es demostrar la posible falta de independencia entre YPF y el Estado argentino.

Ante esta orden, el Gobierno presentó una moción formal solicitando a la jueza que reconsidere su decisión. Argumentó que, según la legislación argentina y estadounidense, los dispositivos y cuentas personales de los funcionarios son propiedad inviolable de sus titulares y no están bajo el control del Estado. "La República Argentina no tiene tal control sobre los dispositivos y cuentas personales de sus funcionarios", señalaron desde la Procuración del Tesoro, y agregaron que la Constitución argentina protege la privacidad de estos elementos.

En paralelo, la Corte de Apelaciones de Nueva York rechazó el pedido de la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG) de intervenir en el caso y ratificó que la audiencia de apelación sobre la condena por la expropiación de YPF se realizará la última semana de octubre, después de las elecciones legislativas. El tribunal consideró que la ONG no justificó la suspensión ni la devolución del proceso, aunque le otorgó un plazo de 21 días para responder a los argumentos presentados por Argentina y los fondos demandantes.

El monto de la condena contra Argentina supera los USD 16.000 millones, aunque expertos sostienen que el país aún tiene margen para reducir considerablemente esa cifra en la instancia de apelación. "Para la posición argentina, el monto es mucho menor: alcanza apenas un 10% de los 16.000 millones de dólares", explicó el abogado constitucionalista Cristian Cao, quien destacó que la decisión de Preska aún es apelable y que el Gobierno espera una resolución que le permita renegociar en mejores condiciones.

El caso YPF, que enfrenta al Estado nacional con los fondos Burford Capital y Eton Park, ha sido objeto de controversias y sospechas de corrupción, especialmente en torno a la compra de acciones por parte del Grupo Eskenazi durante los gobiernos kirchneristas. El Gobierno argentino se mostró abierto a colaborar con investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre este punto, y advirtió que, de confirmarse irregularidades, podría iniciar acciones para anular la sentencia de Preska.

Mientras tanto, los intereses sobre la deuda continúan acumulándose y el proceso judicial sigue su curso, con expectativas puestas en la audiencia de apelación de octubre y en la posibilidad de que se introduzcan cambios sustanciales en el fallo original.