El Gobierno de Entre Ríos dispuso sanciones administrativas contra dos empleados del Ministerio de Salud provincial tras detectar graves irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Diego Alberto Figueroa, quien ocupaba un cargo administrativo en la División Concurso, fue intimado a devolver más de 8 millones de pesos al Estado provincial por la asignación indebida de fondos públicos. La medida, oficializada mediante el Boletín Oficial Nº 28.208, establece un plazo improrrogable de 30 días para que Figueroa reintegre la suma de $8.401.477,96, más los intereses generados desde la entrega irregular de los fondos hasta la fecha de pago. En caso de incumplimiento, la Fiscalía de Estado será responsable de iniciar las acciones legales necesarias para garantizar el cobro, lo que podría derivar en un proceso judicial.

La decisión se fundamenta en los incisos a) y b) del Artículo 71° de la Ley 9755, normativa que regula el empleo público en la provincia. Según el decreto, Figueroa habría incumplido las normativas establecidas, lo que derivó en la asignación indebida de fondos. El Gobierno provincial también abrió un sumario administrativo y activó mecanismos legales para recuperar el dinero.

En otro caso, María Belén Paulina, empleada del Departamento de Bioestadística del Ministerio de Salud, fue cesanteada tras acumular 363 ausencias injustificadas entre 2015 y 2019. La resolución, publicada en el Boletín Oficial Nº 28.146, detalla que la trabajadora superó ampliamente el límite reglamentario de diez inasistencias injustificadas en doce meses, y no presentó la documentación requerida para avalar sus faltas, incluso cuando alegó problemas de salud. "La agente María Belén Paulina, no cumplió con su débito laboral en las fechas supra detalladas", señala el decreto.

Las autoridades provinciales remarcan la importancia de la disciplina y la transparencia en la gestión pública, y estos casos refuerzan la necesidad de controles más estrictos en el sector estatal. El proceso administrativo y legal iniciado por el Gobierno de Entre Ríos busca sentar precedentes en la fiscalización de empleados públicos y la recuperación de fondos estatales, en un contexto de creciente demanda social por mayor transparencia y eficiencia en la administración pública.