Las universidades públicas argentinas iniciaron el ciclo lectivo 2026 en medio de una semana de protestas y paros convocados por docentes y no docentes, en reclamo por el ajuste presupuestario y la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El conflicto, que se arrastra desde 2024, afecta a más de dos millones de estudiantes y a más de un centenar de instituciones en todo el país.

El Frente Sindical Universitario, que agrupa a las principales federaciones docentes y no docentes, anunció paros progresivos y una serie de medidas de fuerza que incluyen movilizaciones y una posible marcha federal el 23 de abril. El reclamo central es la aplicación efectiva de la Ley N° 27.795, sancionada en 2025, que obliga al Estado a actualizar salarios y partidas presupuestarias en función de la inflación. Sin embargo, el gobierno nacional suspendió su aplicación y propuso una reforma que reduce significativamente los aumentos previstos.

Según datos de los gremios y de organismos independientes, los salarios docentes cayeron entre un 34% y un 40% en términos reales desde 2023, mientras que el presupuesto universitario se redujo un 28,9% en el mismo período. Esta situación llevó a la declaración de emergencia presupuestaria y salarial en universidades como la UBA, la UNC y la UNLP, y a la advertencia de que el ciclo lectivo podría no desarrollarse con normalidad.

El gobierno, por su parte, argumenta restricciones fiscales y busca modificar la ley vigente, proponiendo aumentos salariales del 12,3% en tres cuotas, frente al 51% reclamado por los sindicatos. La Justicia ordenó la aplicación inmediata de la ley, pero el Ejecutivo apeló la medida y el conflicto judicial sigue abierto.

Rectores y sindicatos coinciden en que la situación pone en riesgo la calidad educativa, la investigación científica y la función social de la universidad pública. Además, advierten sobre la migración de docentes, la reducción de becas y el deterioro de la infraestructura. El sistema universitario argentino, considerado un pilar de la movilidad social y la producción científica, enfrenta así uno de los momentos más críticos de su historia reciente.

Mientras tanto, la comunidad universitaria mantiene el diálogo y la coordinación de acciones, a la espera de una solución que permita garantizar el derecho a la educación superior y la continuidad de las actividades académicas y científicas.