El prolongado conflicto entre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y las cámaras empresariales mantiene paralizada la zafra del langostino en aguas nacionales argentinas. Tras más de un mes y medio de negociaciones fallidas, la falta de acuerdo sobre la reducción de la producción de los marineros ha llevado a una situación crítica para el sector pesquero y sus trabajadores.

Las cámaras empresariales, entre ellas CAPIP, CAPeCA y CEPA, insisten en la necesidad de aplicar un "sinceramiento de costos laborales" y proponen una reducción del 22% en la producción, similar a la ya acordada con capitanes y maquinistas. Sin embargo, el SOMU rechaza de plano cualquier baja en la producción, argumentando que esto afecta directamente el salario de los marineros y los convierte en la "variable de ajuste" en un contexto económico adverso. "No voy a negociar el esfuerzo del marinero que es la producción, nosotros producimos por la cantidad de horas que llevamos arriba, ganamos en base a la producción que es el esfuerzo nuestro", afirmó Juan Navarro, secretario de Pesca del SOMU.

Ante la falta de avances, las empresas han comenzado a explorar la posibilidad de firmar acuerdos individuales con los marineros, una alternativa que el Gobierno nacional podría homologar dada la situación "extraordinaria". Empresas como Conarpesa y el Grupo San Isidro ya han contactado a sus trabajadores, ofreciendo anticipos y mejoras salariales para quienes acepten embarcar bajo las nuevas condiciones. "Vamos a empezar a citar a quienes quieran salir a pescar. Y a quienes salgan, les vamos a dar un importante anticipo de dinero para la familia a cuenta de la marea que realicen", comunicó Fernando Álvarez Castellano, presidente de Conarpesa.

Esta alternativa, sin embargo, ha sido rechazada por el SOMU y por autoridades provinciales como el secretario de Trabajo de Chubut, Nicolás Zárate, quien sostuvo que "no puede ser la única salida la disminución del salario de los trabajadores" y defendió la vigencia de los convenios colectivos. El conflicto ha generado pérdidas económicas significativas y mantiene en vilo a miles de familias que dependen de la actividad pesquera.

Mientras tanto, la temporada de langostino sigue estancada y la tensión crece en los puertos, con trabajadores divididos entre apoyar la postura gremial o aceptar acuerdos individuales para no perder la temporada. La falta de consenso entre gremio, empresas y gobierno amenaza con prolongar la crisis y profundizar su impacto en la economía regional y nacional.