El femicidio de Delfina Aimino, una joven de 22 años, sacudió a la ciudad de Villa María, Córdoba, en el inicio del 2026. El cuerpo de Aimino fue hallado el 1° de enero en un descampado, con signos de extrema violencia: presentaba al menos 20 puñaladas, golpes y señales de defensa. La investigación determinó que la joven había conocido a Tomás Ariel Mulinetti, de 23 años, a través de una aplicación de citas y que el encuentro se concretó tras los festejos de Año Nuevo.

La identificación de la víctima fue posible gracias a una herida previa y al cotejo de huellas dactilares, ya que el estado del cuerpo dificultaba el reconocimiento visual. La fiscal Silvia Maldonado, a cargo de la causa, avanzó rápidamente en la investigación, que incluyó el análisis de cámaras de seguridad, registros de celulares y testimonios. Un ticket de una estación de servicio, donde la pareja cargó combustible antes del crimen, resultó una prueba central para reconstruir el recorrido y los movimientos de ambos.

Mulinetti fue detenido en su domicilio tras un allanamiento en el que se secuestraron ropa, celulares, una navaja presuntamente utilizada en el ataque y un automóvil Ford Ka. Según los investigadores, el acusado fue visto lavando su vehículo durante varias horas el mismo día del crimen, lo que fue interpretado como un intento de borrar evidencias.

Tras la difusión del caso, surgieron en redes sociales numerosos testimonios de mujeres que denunciaron conductas violentas y acosos previos por parte de Mulinetti, aunque la fiscal aclaró que el acusado no tenía antecedentes penales, ya que muchos de los hechos relatados ocurrieron cuando era menor de edad y no derivaron en causas judiciales.

La Universidad Nacional de Córdoba, donde Mulinetti cursaba estudios, emitió un comunicado repudiando el hecho y solicitando celeridad a la Justicia. La comunidad local y universitaria expresó su pesar y acompañó a la familia de la víctima.

El caso, el primer femicidio del año en Argentina, reavivó el debate sobre la violencia de género y la necesidad de políticas públicas para prevenir estos crímenes. La investigación continúa en curso, con la fiscalía analizando nuevas pruebas y sin descartar futuras medidas para esclarecer completamente la mecánica del ataque y posibles intentos de encubrimiento.