El Senado argentino sancionó este jueves la denominada "Ley Nicolás", una normativa que busca mejorar la seguridad del paciente y prevenir casos de mala praxis médica en el país. La ley, inspirada en la historia de Nicolás Deanna, un joven de 24 años fallecido en Villa Gesell en 2017 por un diagnóstico erróneo de meningitis, fue aprobada con 69 votos afirmativos y solo una negativa, la de la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO).

La iniciativa establece la obligación de reportar todos los errores médicos en el sistema SISA, gestionado por el Ministerio de Salud, con el objetivo de generar estadísticas anuales sobre mala praxis y reducir riesgos futuros. Además, la ley propone verificaciones periódicas de la aptitud profesional de los equipos de salud, protocolos de actuación, auditorías y programas de autoevaluación. Un cambio central es que las matrículas médicas pasarán a depender del Ministerio de Salud, en lugar de los colegios médicos, para evitar que profesionales con antecedentes de mala praxis continúen ejerciendo en otras jurisdicciones.

El proyecto fue impulsado por la ONG "Por la Vida y la Salud", liderada por Gabriela Covelli, madre de Nicolás, y contó con el apoyo de legisladores de distintos bloques. "Esta ley nació de la lucha de más de 400 familias de todo el país, y es impulsada por ellas sin descanso. Es nuestra gran oportunidad para cambiar el paradigma actual por la atención centrada en el paciente, no como objeto sino como sujeto de derecho", expresó Covelli.

La senadora Edith Terenzi (Chubut) fue clave en la inclusión de la ley en la agenda legislativa, mientras que la única oposición vino de Álvarez Rivero, quien argumentó que la norma no aborda problemas estructurales del sistema sanitario, como el acceso a agua potable y cloacas. El ministro de Salud, Mario Lugones, también mostró reservas sobre la normativa, citando preocupaciones de sectores médicos sobre una posible "caza de brujas".

La sanción de la "Ley Nicolás" representa un avance significativo en la protección de los pacientes y la transparencia en el sistema de salud argentino. El impacto fiscal de la medida es considerado neutro, ya que no implica asignaciones de gasto ni beneficios tributarios. La ley llega tras años de reclamos de familiares de víctimas de mala praxis y se espera que marque un antes y un después en la atención sanitaria del país.