El hallazgo del cuerpo de Eduardo Fuentes, desaparecido desde el 20 de junio, conmocionó a la localidad de Cinco Saltos, en Río Negro. El cadáver fue encontrado el 24 de julio en un aljibe, en un predio rural cercano al Lago Pellegrini, tras intensos operativos policiales que incluyeron brigadas caninas y personal de criminalística.

Miguel Ángel Navarrete, de 64 años, fue imputado formalmente por el homicidio calificado de Fuentes, en el marco de una disputa por la cría de cerdos. Según la investigación, la víctima habría acudido al predio de Navarrete para reclamar animales que consideraba de su propiedad. En ese contexto, Navarrete le disparó en el tórax con un arma de fabricación casera, provocándole la muerte. Posteriormente, ocultó el cuerpo en un pozo del mismo predio, lo que dificultó su localización durante más de un mes.

Durante la audiencia de formulación de cargos, Navarrete reconoció haber disparado, aunque intentó justificar su accionar alegando legítima defensa. “Atiné a disparar, otra cosa no me quedaba”, declaró ante la jueza, quien rechazó esa posibilidad de manera preliminar. La magistrada argumentó que “una persona que está convencida de haber actuado en defensa propia no oculta el cuerpo en un pozo durante todo este tiempo”, y destacó contradicciones entre el relato del acusado y el de un testigo.

La autopsia confirmó que Fuentes murió por un disparo de arma de fuego calibre .22. Entre las pruebas presentadas por la fiscalía figuran la denuncia por desaparición, testimonios, el secuestro del arma y el informe forense. La calificación legal del caso es homicidio calificado por el uso de arma de fuego y portación de arma de guerra, agravando la situación procesal del imputado.

Navarrete permanecerá detenido con prisión preventiva durante cuatro meses, mientras avanza la investigación judicial. El caso generó fuerte impacto en la comunidad local, donde la víctima era conocida por su trabajo rural. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar la responsabilidad penal del acusado.