En las últimas semanas, la industria argentina ha sido escenario de una serie de cierres de plantas y despidos masivos, en un contexto marcado por la apertura de importaciones y el aumento de los costos de producción. El caso más resonante es el de Whirlpool, que anunció el cierre definitivo de su planta en Pilar, apenas tres años después de su inauguración, dejando sin empleo a 220 trabajadores. La empresa, que había invertido 50 millones de dólares en el establecimiento, justificó la decisión por la caída de la demanda y la imposibilidad de competir con los precios de los productos importados, especialmente los provenientes de China.

La situación de Whirlpool no es aislada. Color Living, fabricante de muebles, cerró su planta en Pacheco y desvinculó a 40 empleados, mientras que la textil TN Platex y la metalúrgica Cramaco también redujeron personal y operaciones. Granja Tres Arroyos, la mayor productora de pollos del país, anunció el cierre de una de sus plantas en Entre Ríos, trasladando a 250 empleados a otra instalación. Estas medidas se suman a una tendencia de reestructuración en el sector industrial, que en 2025 ha visto el cierre o reducción de operaciones en empresas como Essen, Dass, Kenvue y Kimberly-Clark.

El fenómeno está directamente relacionado con la apertura comercial impulsada por el gobierno, que busca reducir precios y controlar la inflación mediante la baja de aranceles y la facilitación de importaciones. Según datos del sector, la importación de lavarropas automáticos se multiplicó por diez en 2025, alcanzando 916.000 unidades en los primeros diez meses del año, de las cuales el 98% provinieron de China en octubre. Esta competencia ha puesto en jaque a la producción local, que enfrenta además una carga impositiva y laboral significativamente mayor que en países vecinos como Brasil.

Dirigentes empresariales, como Martin Rappallini de la UIA y Paolo Rocca de Techint, han advertido sobre la urgencia de reformas fiscales y laborales para mejorar la competitividad de la industria nacional. "La competitividad es la clave. Si la actividad no se reactiva, el Gobierno tendrá que evaluar nuevas medidas. La situación es muy compleja", afirmó Rappallini. Por su parte, los sindicatos han manifestado su preocupación y buscan respuestas para los trabajadores afectados, llevando algunos de los conflictos al Ministerio de Trabajo.

El futuro del sector industrial argentino dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para equilibrar la apertura comercial con políticas que protejan y fomenten la producción local, en un contexto global cada vez más competitivo.