Un trágico accidente ocurrido en el barrio Parque del Virrey, en la ciudad de Alta Gracia, Córdoba, dejó como saldo la muerte de un caballo y lesiones leves a un niño de 9 años. El hecho tuvo lugar el lunes por la tarde, cuando el menor, identificado como Matías, montaba a su caballo Chimango y ambos pisaron un charco electrificado por un cable pelado de una conexión eléctrica clandestina.

Según relataron testigos y familiares, el animal recibió una descarga eléctrica fatal y cayó sobre el niño, quien sufrió golpes y escoriaciones. "Me golpeé el codo y el pie, me acuerdo que él cayó tumbado arriba de mi pierna, cayó muerto. Se quiso levantar pero quedó ahí", relató Matías, visiblemente afectado por la pérdida de su compañero, a medios locales.

El padre del menor, Lucas, denunció que la conexión ilegal pertenecía a un vecino que trabaja en la Municipalidad y que, tras el accidente, la familia recibió amenazas y agresiones verbales al intentar pedir explicaciones. "El hombre trabaja en la Municipalidad, recibimos amenazas de que íbamos a tener problemas. Nunca se acercó para pedir disculpas, se acercó a agredirme", declaró Lucas.

Personal de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) intervino en la zona, cortando el suministro eléctrico y verificando el origen de la descarga para evitar nuevos riesgos. Las primeras pericias confirmaron que el cable estaba apenas enterrado y cruzaba una zona húmeda, lo que incrementó el peligro para los transeúntes y animales.

La familia de Matías destacó que la montura y el apero del caballo actuaron como aislantes, lo que probablemente salvó la vida del niño. "Me salvó la montura, capaz que sin la montura hubiese muerto yo. Me dio muchas alegrías", expresó el menor, quien aún se recupera del impacto emocional y físico.

El caso generó indignación en la comunidad y reavivó el debate sobre la seguridad eléctrica y la responsabilidad de las autoridades ante las conexiones clandestinas. La Justicia local investiga el hecho y evalúa posibles imputaciones, mientras la familia afectada reclama justicia y protección ante las amenazas recibidas. El desenlace trágico y la denuncia de la familia ponen en foco la necesidad de controles más estrictos y sanciones para quienes ponen en riesgo la vida de otros con instalaciones irregulares.