El doble femicidio ocurrido en Córdoba, perpetrado por Pablo Laurta, ha sacudido a la sociedad argentina y reavivado el debate sobre la violencia de género y el impacto de los discursos de odio legitimados desde sectores políticos y sociales. Laurta, ciudadano uruguayo y fundador de la organización Varones Unidos, asesinó a su ex pareja Luna Giardina y a su ex suegra Mariel Zamudio, además de un remisero en Entre Ríos, en un contexto de antecedentes de violencia y denuncias previas que no lograron evitar el desenlace fatal.

Las víctimas habían denunciado a Laurta por agresiones y hostigamiento, lo que llevó a la justicia a imponer restricciones de acercamiento, botón antipánico y tratamiento obligatorio para el acusado. Sin embargo, Laurta incumplió sistemáticamente estas medidas, cambiando de domicilio y abogados, y evadiendo la justicia durante meses. El niño hijo de Luna Giardina permanece bajo resguardo estatal, mientras se evalúa su guarda definitiva por parte de la Secretaría de Niños, Niñas, Adolescentes y Familias de Córdoba.

El caso ha puesto en evidencia la influencia de discursos antifeministas y lazos con referentes de la ultraderecha, como Agustín Laje y Nicolás Márquez, quienes han promovido la narrativa de la "batalla cultural" y la deslegitimación de los feminismos. Tras los crímenes, ambos negaron vínculos con Laurta, aunque existen registros de actividades compartidas y apoyo discursivo. "Todo fue por justicia", declaró Laurta al ser detenido, en línea con la retórica de Varones Unidos, que justifica la violencia bajo la premisa de "falsas denuncias" y la supuesta victimización masculina.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, generó controversia al responsabilizar a las víctimas por los femicidios, lo que provocó el rechazo de organizaciones feministas y especialistas. Según ONU Mujeres, las denuncias falsas representan menos del 3% de los casos, pero son utilizadas para desacreditar a las víctimas y justificar la violencia. El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ reporta un aumento significativo de crímenes de odio en 2025, en coincidencia con el avance de discursos misóginos y la desfinanciación de políticas de género.

Especialistas advierten sobre la urgencia de fortalecer la protección a las víctimas y la responsabilidad de actores públicos en la promoción de discursos violentos. El doble femicidio de Córdoba no es un hecho aislado, sino parte de una escalada de violencia que exige respuestas institucionales y sociales para frenar la impunidad y garantizar la seguridad de quienes denuncian.

El caso reabre el debate sobre la necesidad de políticas efectivas de género, la celeridad judicial y la responsabilidad de los medios y referentes políticos en la construcción de narrativas que pueden derivar en hechos de violencia extrema.