En Rosario, un caso judicial ha revelado cómo el narcotráfico utiliza propiedades inmobiliarias para ocultar actividades ilícitas. Andrea Ortigala y su hija Camila P.C. fueron imputadas por encubrimiento agravado al subalquilar inmuebles a Maximiliano Ortigoza, un narcotraficante que operaba una "cocina" de cocaína en un departamento de Puerto Norte.

La investigación, liderada por los fiscales Franco Benetti y Santiago Cruz Alberdi, determinó que las imputadas facilitaron al menos cinco inmuebles a Ortigoza entre 2023 y 2024. Ortigoza, quien estuvo prófugo durante dos años, fue detenido en octubre de 2024 en un departamento donde se descubrió una "cocina" de cocaína. En marzo de 2025, fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y encubrimiento, mientras que su pareja recibió 3 años de prisión condicional.

Las pruebas presentadas incluyen conversaciones telefónicas y mensajes de texto que evidencian que Andrea Ortigala conocía la condición de prófugo de Ortigoza. En uno de los mensajes, Ortigoza se refiere a sí mismo como "Spiderman" por su habilidad para evadir a las autoridades. Otro mensaje muestra cómo Ortigala ofrecía propiedades asegurando que no levantarían sospechas.

Andrea Ortigala es media hermana de Mariana Ortigala, quien también enfrenta acusaciones de vínculos con el narcotráfico y lavado de activos. Este caso pone en evidencia la facilidad con la que el narcotráfico accede a propiedades en zonas exclusivas de Rosario, resaltando la falta de regulación en el sector inmobiliario.

Los fiscales han destacado la gravedad del caso, subrayando que las imputadas no solo permitieron que Ortigoza evadiera la justicia, sino que también facilitaron la continuidad de sus actividades ilícitas. Mientras tanto, las imputadas deberán cumplir reglas de conducta mientras esperan el juicio.

Este caso ha generado preocupación en la comunidad local, especialmente en zonas residenciales exclusivas como Puerto Norte, donde se descubrió la "cocina" de cocaína. La situación pone en el foco la necesidad de mayor control en el mercado inmobiliario para prevenir el uso de propiedades con fines ilícitos.