El gobierno argentino emitió este domingo un comunicado en el que condenó enérgicamente el reciente ataque de Irán contra Israel y repudió la designación de Ahmad Vahidi como comandante interino de la Guardia Revolucionaria Islámica. Vahidi está acusado por la justicia argentina de ser uno de los autores intelectuales del atentado a la AMIA en 1994, que dejó 85 muertos y más de 150 heridos en Buenos Aires.

La Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) calificó la designación de Vahidi como "una provocación inaceptable" y recordó que sobre él pesa un pedido de captura internacional y una alerta roja de Interpol desde 2007. "La memoria de nuestros asesinados exige que los responsables rindan cuentas, sin privilegios ni amparos internacionales", expresó el comunicado oficial, que también respaldó el pedido de juicio en ausencia para los acusados del atentado.

El contexto internacional es de máxima tensión tras los ataques cruzados entre Irán e Israel, que han dejado cientos de muertos y heridos. El nombramiento de Vahidi se produce tras la muerte de altos mandos iraníes en bombardeos israelíes, lo que ha generado preocupación en la comunidad internacional y especialmente en Argentina, donde el recuerdo del atentado a la AMIA sigue siendo una herida abierta.

El presidente Javier Milei ha reforzado la alineación de Argentina con Israel y Estados Unidos, lo que, según analistas, podría aumentar el riesgo de represalias indirectas en territorio argentino. "Milei se posiciona en América Latina como un gran portavoz de los países alineados al desarrollo, al éxito. Se alinea con Israel y Estados Unidos, y eso puede ser una especie de llamadera de atención para el régimen iraní", advirtió el periodista Gabriel Ben Tasgal desde Israel.

Mientras tanto, Irán sostiene que no busca expandir el conflicto fuera de Medio Oriente y que sus acciones son en defensa propia. Sin embargo, la designación de Vahidi y la escalada bélica han reavivado el reclamo argentino de justicia por el atentado de 1994 y la demanda de cooperación internacional para la detención de los responsables. El gobierno argentino insiste en que no debe existir ningún tipo de privilegio ni amparo internacional para los acusados de terrorismo, y ratifica su compromiso con la búsqueda de justicia para las víctimas de la AMIA.