El gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, concretó el cierre de delegaciones de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el despido de 1.600 empleados, en el marco de un profundo ajuste del Estado. La decisión, confirmada por fuentes oficiales y sindicales, implica el desmantelamiento de 43 agencias territoriales distribuidas en todo el país, que hasta ahora brindaban asistencia y orientación a trabajadores, empleadores y sindicatos.

La medida se inscribe en el plan de reducción del gasto público impulsado por la administración libertaria, que ya ha dejado a más de 60.000 empleados estatales sin trabajo desde diciembre de 2023. Además, el Ministerio de Capital Humano anunció el cierre del programa Volver al Trabajo, que beneficiaba a 900.000 personas y dejará de funcionar a partir de abril, profundizando el impacto social del ajuste.

La respuesta sindical no se hizo esperar. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la CTA Autónoma declararon el estado de alerta y movilización, convocando a protestas en la sede central de la Secretaría de Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades como Córdoba. “El Estado no admite un recorte más”, advirtió Rodolfo Aguiar, titular de ATE, quien denunció que la medida es "profundamente antifederal" y afectará principalmente a las provincias y municipios.

En Córdoba, trabajadores y organizaciones sociales realizaron una concentración en las oficinas de la cartera laboral, denunciando el impacto de la medida sobre los sectores más vulnerables y la pérdida de derechos laborales. Federico Giuliani, secretario general de ATE Córdoba, subrayó la necesidad de unidad sindical y social para enfrentar el ajuste y defendió la continuidad de los programas de empleo.

El gobierno, por su parte, sostiene que la reestructuración busca optimizar recursos y mejorar la eficiencia del Estado. Sin embargo, la decisión profundiza la tensión social y política en un contexto de crisis económica y creciente conflictividad laboral. El cierre de las delegaciones y la eliminación de programas sociales marcan un nuevo capítulo en la política de ajuste estatal, con consecuencias directas sobre miles de trabajadores y beneficiarios en todo el país.