Gobernadores de distintas provincias argentinas, tanto oficialistas como opositores, han intensificado en los últimos días su presión sobre el Gobierno nacional para modificar la distribución de fondos y recursos, en un conflicto que escala en el Congreso y amenaza con profundizar la tensión federal. La disputa gira en torno a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles, recursos que las provincias reclaman sean coparticipados de manera automática y menos discrecional.

En reuniones recientes, mandatarios provinciales y jefes de bloque del peronismo, el PRO y la UCR avanzaron en la redacción de proyectos de ley que buscan obligar a la Casa Rosada a liberar fondos retenidos y modificar el esquema de distribución vigente. "Los proyectos son razonables, no afectan el equilibrio fiscal y ordenan la coparticipación y los recursos, es casi un pacto fiscal", señalaron fuentes cercanas a las negociaciones.

El reclamo incluye también la eliminación de fondos fiduciarios y la redistribución del impuesto a los combustibles, que actualmente queda mayoritariamente en manos del Gobierno nacional. Según el ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur, de aprobarse la iniciativa, su provincia podría recibir hasta 4.000 millones de pesos adicionales por mes, lo que representaría un alivio significativo para las arcas provinciales.

La provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, denuncia una histórica inequidad en la coparticipación: recibe apenas el 19,93% de los fondos pese a concentrar el 38% de la población y aportar entre el 32% y el 35% del producto bruto nacional. "El esquema vigente sigue castigando a los bonaerenses, que aportan mucho más de lo que reciben", advierte un informe reciente.

El Gobierno nacional, por su parte, se muestra inflexible. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció en el Senado que las negociaciones están en un punto muerto y que "la política del Gobierno es sostener el equilibrio fiscal a toda costa". Francos ofreció ceder la totalidad de las obras viales a las provincias, pero no los fondos, y advirtió que el Ejecutivo vetará cualquier ley que ponga en riesgo el superávit fiscal.

El conflicto se da en un contexto de ajuste fiscal, obras públicas paralizadas y reclamos por rutas nacionales inconclusas. Mientras tanto, un grupo de provincias del norte impulsa un proyecto para establecer tarifas eléctricas diferenciales en verano, financiadas con un cargo adicional al resto del país, en espejo a los beneficios que reciben las zonas frías en invierno.

La disputa por los fondos federales y la coparticipación promete seguir escalando en el Congreso, con gobernadores cada vez más unidos y un Gobierno nacional decidido a no ceder en su política de ajuste. El desenlace de este enfrentamiento podría marcar el rumbo de la relación entre la Nación y las provincias en los próximos meses.