La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), bajo la gestión del gobierno de Javier Milei y la dirección de Guillermo Plate, ha intensificado el proceso de reordenamiento del sector asegurador en Argentina. En noviembre de 2024, la SSN decretó la liquidación de varias empresas tradicionales, entre ellas TPC S.A. y Orbis Seguros, debido a irregularidades financieras y operativas que comprometían su solvencia y capacidad de cumplir con sus obligaciones.

La empresa TPC S.A., dirigida por la familia Campici, intentó judicializar la liquidación forzosa impuesta por la SSN, pero la Cámara Comercial confirmó la medida y se procedió al nombramiento de liquidadores. "Se revocó la autorización para operar en seguro a TPC COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.", señala la Resolución 637/25, y se designaron inspectores para supervisar el proceso. Además, la empresa fue inhibida de administrar sus bienes y sus cuentas bancarias fueron congeladas, lo que generó un perjuicio directo para productores de seguros y trabajadores, muchos de los cuales perdieron sus empleos.

Orbis Seguros, con más de 350.000 clientes principalmente en el rubro automotor, también fue intervenida. La compañía solicitó una liquidación voluntaria, pero la Justicia rechazó el pedido y la SSN designó liquidadores para llevar adelante el proceso. El directorio de Orbis anunció su salida del negocio, buscando una transición ordenada, aunque la decisión regulatoria aceleró el cierre.

Galeno ART, especializada en seguros de accidentes laborales, enfrenta una crisis financiera con un déficit operativo de $12.954,8 millones. La SSN otorgó un plazo para cubrir el déficit, pero la empresa fue inhibida de disponer de sus inversiones y bienes, lo que podría derivar en una liquidación similar a la de las otras compañías.

El reordenamiento del sector asegurador ha resultado en el cierre de otras empresas como Boston, Caledonia, Escudo y La Nueva. Desde 2023, sindicatos como la CGT venían alertando sobre despidos y dificultades en el sector. Jorge Sola, secretario general de la CGT, declaró: "Con gran preocupación tomamos conocimiento sobre despidos de trabajadores y trabajadoras que la empresa TPC del Grupo Campici había efectuado". Las autoridades regulatorias justifican las medidas por la insolvencia y los juicios impagos que enfrentaban las empresas, mientras que los afectados lamentan la pérdida de empleos y la concentración del mercado en menos actores.

Este proceso responde a la política de "motosierra" impulsada por el gobierno de Milei, que busca fortalecer sectores económicos mediante la concentración en empresas más solventes. Las implicaciones futuras incluyen una mayor concentración del mercado asegurador y posibles impactos en la oferta de servicios y el empleo en el sector.