La demanda colectiva presentada en Nueva York por la estafa con la criptomoneda $LIBRA ha dado un giro relevante al mencionar por primera vez a Karina Milei, hermana y secretaria del presidente argentino Javier Milei. Aunque ninguno de los dos figura como acusado formal en la causa, su rol es central en el expediente judicial, que busca responsabilizar a los principales promotores del token por fraude, crimen organizado y enriquecimiento ilícito bajo la Ley RICO, utilizada en Estados Unidos para perseguir delitos empresariales coordinados.

El caso se originó tras el colapso de $LIBRA, que dejó a más de 40.000 inversores con pérdidas superiores a los 280 millones de dólares. La demanda, firmada por los abogados Max Burwick y Margaret Hoppin, sostiene que el posteo de Javier Milei en la red social X, el 14 de febrero, fue determinante para atraer a miles de inversores, al asociar el proyecto con el gobierno argentino y prometer el financiamiento de emprendimientos locales. "El interés de los inversores, el volumen de operaciones y el precio aumentaron en respuesta al anuncio del presidente Milei", afirman los letrados.

Karina Milei es señalada por haber autorizado el primer ingreso de Hayden Davis, principal acusado y promotor de $LIBRA, a la Casa Rosada. Davis, según mensajes citados en la demanda y reportes periodísticos, habría alardeado de su influencia sobre el presidente y de haber enviado dinero a su hermana. La presentación judicial solicita que Davis, Benjamin Chow y otros implicados sean llevados a juicio oral y público, y que se decomisen las ganancias obtenidas ilícitamente.

El caso ha generado fuertes reacciones en Argentina. El diputado Oscar Agost Carreño subrayó que la ampliación de la demanda formaliza el vínculo entre el token y el presidente desde la perspectiva de las víctimas, aunque no lo acusa como parte de la empresa criminal. Martín Romero, uno de los damnificados, afirmó que "ya no se discute si hubo delito, sino quién logra salir con las manos limpias".

Mientras tanto, la investigación en Argentina avanza con lentitud y sin imputaciones formales. El desenlace de la causa en Estados Unidos podría tener repercusiones legales y políticas tanto en ese país como en Argentina, en un contexto de creciente preocupación por la regulación de las criptomonedas y la protección de los inversores.