El caso de Márquez y Asociados ha sacudido a Argentina, con más de mil personas afectadas por una presunta estafa inmobiliaria que abarca varias provincias. La constructora, dirigida por los hermanos Márquez y su contador Ramiro Nieva, ofrecía viviendas a precios accesibles y con plazos de entrega de 12 meses. Sin embargo, los clientes nunca recibieron las propiedades prometidas.

La investigación, liderada por el fiscal Enrique Gavier, ha revelado un esquema de desvío de fondos hacia negocios paralelos, inversiones en el extranjero y bienes personales, como autos de alta gama e inmuebles. Entre los bienes inmovilizados se encuentran 12 vehículos de lujo, mientras que los acusados permanecen detenidos en la cárcel de Bouwer, Córdoba.

El modelo de negocio de la empresa era insostenible desde su inicio, vendiendo viviendas por debajo del costo real de construcción. Además, los clientes eran incentivados con promociones y obligados a afiliarse a empresas satélites como "Márquez Salud". Según el fiscal, la empresa utilizaba los pagos de nuevos clientes para cubrir deudas previas, generando un "cuello de botella" financiero.

Lucas Rodríguez, exjugador de la selección de fútbol para ciegos, es una de las víctimas más destacadas. Rodríguez denunció haber pagado el 80% de su vivienda sin recibirla, calificando la situación como "una pesadilla". "Era el sueño de mis padres, y ahora estamos pagando créditos por algo que nunca recibimos", expresó.

El Ministerio Público Fiscal ha implementado un formulario digital para facilitar las denuncias, permitiendo a las víctimas acceder a la Justicia sin necesidad de trasladarse a Córdoba. Además, la Dirección de Defensa del Consumidor impuso una multa de 260 millones de pesos a la empresa, aunque el monto total del perjuicio aún no ha sido estimado.

Ezequiel Vergara, de la Asociación de Defensa del Consumidor, subrayó la necesidad de acciones colectivas y legislación efectiva para evitar casos similares en el futuro. Mientras tanto, la investigación continúa, con imputaciones por asociación ilícita y estafas reiteradas. El fiscal Gavier ha advertido sobre el riesgo procesal y la posibilidad de que los imputados intenten entorpecer el proceso judicial.

El caso ha puesto en evidencia la falta de controles estatales y la vulnerabilidad de los consumidores frente a esquemas fraudulentos. Las víctimas, que confiaron en la empresa motivadas por publicidad engañosa, ahora enfrentan una larga batalla legal para recuperar sus fondos y cerrar este capítulo de incertidumbre y frustración.