La quiebra del Aquarium Mar del Plata, decretada el 20 de febrero de 2026, ha dejado en el centro de la polémica el destino de 66 animales marinos que permanecen bajo custodia judicial en el predio de Punta Mogotes. El cierre del emblemático parque, ocurrido en marzo de 2025 tras la imposibilidad de renovar el contrato de alquiler, precipitó la crisis financiera de Plunimar S.A., la empresa operadora, que finalmente se declaró en cesación de pagos.

Actualmente, el predio alberga 56 pingüinos magallánicos, dos pingüinos rey, cuatro saltarrocas y cuatro lobos marinos. Estos ejemplares, considerados parte del activo de la empresa en quiebra, solo pueden ser trasladados o vendidos con autorización expresa del Juzgado Nacional en lo Comercial N°20, que supervisa el proceso. La situación es compleja: la empresa intentó vender los animales a instituciones de México, China y Brasil, pero las operaciones no prosperaron debido a regulaciones ambientales y sanitarias internacionales.

Un antecedente relevante fue la venta de diez delfines a Egipto por 800.000 dólares a fines de 2025, fondos que se destinaron al pago de salarios y al mantenimiento del resto de los animales. Sin embargo, la empresa nunca informó públicamente que se trataba de una venta, presentando la operación como una reubicación por bienestar animal, un dato que recién se conoció en el expediente judicial.

El proceso judicial avanza en un contexto de recursos limitados. Doce empleados permanecen abocados exclusivamente al cuidado, sanidad y seguridad de los animales, financiados con los fondos remanentes de la empresa. Las denuncias en redes sociales sobre el estado de los animales motivaron inspecciones oficiales, que concluyeron que se cumplen protocolos mínimos de bienestar, aunque organizaciones y vecinos reclaman mayor transparencia y controles más exhaustivos.

El Aquarium, que durante más de tres décadas fue una postal turística de Mar del Plata, enfrenta ahora un futuro incierto. La comunidad científica y ambiental sigue de cerca la definición judicial sobre el destino de los animales, mientras el predio debe ser desocupado y la empresa carece de recursos para sostener la situación por mucho más tiempo. El caso reaviva el debate sobre la gestión de fauna en cautiverio y la necesidad de regulaciones claras para situaciones de crisis en instituciones zoológicas.