La Justicia Federal de Salta desmanteló un millonario esquema de contrabando en la frontera norte, tras una investigación que culminó con la detención de once personas y la clausura de la finca Karina, ubicada en la localidad de Aguas Blancas. Entre los detenidos se encuentra una funcionaria policial, lo que profundiza la preocupación por el involucramiento de fuerzas de seguridad en delitos federales.

El operativo, encabezado por el fiscal federal Marcos Romero y autorizado por la jueza Ivana Hernández, incluyó el allanamiento de cuatro inmuebles, el secuestro de vehículos, dinero en efectivo y mercadería de origen extranjero valuada en más de $100 millones. La finca Karina, situada a la vera de la ruta nacional 50 y con acceso directo al río Bermejo, funcionaba como un paso fronterizo clandestino, donde se cobraban "peajes" por cada vehículo y bulto de mercadería que cruzaba entre Argentina y Bolivia. Según la investigación, el valor anual de la mercadería ilegal movida por este esquema supera los $2.975 millones, con ganancias diarias estimadas en más de $3,7 millones.

La investigación se inició el 26 de mayo, tras denuncias sobre el comercio ilegal en la zona. Un dron de la fiscalía registró el intenso movimiento de vehículos y gomones, evidenciando la magnitud de la operación. El operativo movilizó a 170 efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Salta, Aduana y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El cierre de la finca generó un fuerte impacto en Aguas Blancas, con un desplazamiento masivo de personas hacia el casco urbano y problemas de saturación en servicios y tránsito. El interventor municipal, Adrián Zigarán, solicitó refuerzos y propuso la instalación de nuevos controles para evitar la proliferación de pasos clandestinos. "No es un paso como tenían en Finca Karina, entraban y hacían lo que querían, era tal la impunidad que siguen creyendo que están impunes", señaló Zigarán.

El Ministerio de Seguridad nacional celebró el operativo y destacó la importancia de respetar la ley en la frontera. Las defensas de los imputados no objetaron las acusaciones, aunque sí cuestionaron la prisión preventiva. El fiscal Romero subrayó el perjuicio millonario al Estado y la necesidad de medidas permanentes para evitar la reactivación del contrabando. El caso se enmarca en el Plan Güemes, que busca combatir delitos federales en la región, y deja en evidencia los desafíos de control y regulación en la frontera norte de Argentina.