El conflicto salarial en la provincia de Salta se intensificó tras la última propuesta del Gobierno provincial, que ofreció a los empleados estatales un aumento del 14% para el segundo semestre de 2025, distribuido en tres tramos y acompañado de un bono no remunerativo de $50.000 a cobrar con los sueldos de julio. Si bien la oferta fue aceptada por algunos gremios estatales, los principales sindicatos docentes —Sitepsa, ADP y AMET—, junto a ATE Salta, la rechazaron por considerarla insuficiente y carente de respuestas a reclamos históricos.

La secretaria general de Sitepsa, María Victoria Cervera, fue contundente: "Es falso que los docentes hayamos acompañado esta propuesta. Ninguno de los tres sindicatos rubricó el acta. Lo que hizo el Gobierno fue una puesta en escena". Por su parte, Fernando Mazzone, titular de ADP, reconoció avances en la jerarquización de cargos directivos, pero insistió en que no hubo progreso en la regularización del Código 690, un ítem no remunerativo que impacta en todos los niveles docentes. "Ese punto es clave. Lo venimos pidiendo hace años y no obtuvimos respuesta", afirmó.

En respuesta, los gremios docentes decretaron un paro con acatamiento superior al 70% y movilizaciones en la capital salteña. El viernes se realizará una asamblea para definir la continuidad del plan de lucha. ATE Salta también rechazó la oferta, calificándola de "miserable e inaceptable" y declaró el estado de alerta y movilización en todos los organismos estatales.

Desde el Gobierno, el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, defendió el acuerdo: "Hay un esfuerzo por tratar de achicar la brecha con la inflación. No es el mejor, pero sí el que más se acerca a la realidad del país". El Ejecutivo subraya que la propuesta está alineada con las previsiones inflacionarias y garantiza previsibilidad fiscal.

El conflicto se da en un contexto nacional de alta inflación y pérdida de poder adquisitivo, donde los aumentos salariales en otras provincias han sido menores o no remunerativos. Los gremios salteños insisten en que la oferta provincial no cubre la canasta básica y que la falta de blanqueo de ítems salariales afecta tanto el salario actual como las futuras jubilaciones. Las próximas semanas serán clave para la resolución del conflicto, con nuevas asambleas y posibles medidas de fuerza en el horizonte.