El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, firmó un decreto que otorga prioridad a los residentes porteños en el acceso a todos los servicios públicos de la ciudad. La medida, formalizada a través del decreto N°142-26 y también rubricada por el jefe de Gabinete Gabriel Sánchez Zinny, amplía una política que desde 2025 regía únicamente en la red de hospitales públicos y ahora se extiende a trámites administrativos, educación, asistencia social y otras áreas del Estado local.

Según el Ejecutivo porteño, el objetivo es garantizar que quienes residen y tributan en la Ciudad tengan preferencia frente a bonaerenses y extranjeros al solicitar turnos, cupos o vacantes. “Durante años, la Ciudad se hizo cargo de lo que otros no hacen. La incompetencia del otro lado de la General Paz la pagaban los porteños con sus impuestos. Se terminó”, expresó Macri en redes sociales, defendiendo la decisión como un acto de justicia para los contribuyentes locales.

El decreto establece que el domicilio en CABA será el parámetro principal para la asignación de turnos y servicios, aunque aclara que no implica la exclusión de no residentes. En casos de urgencia médica o situaciones de seguridad pública, la atención seguirá siendo inmediata y sin distinción de domicilio. La administración porteña subraya que se trata de un “ordenamiento proporcional” para optimizar recursos y reducir tiempos de espera en áreas de alta demanda.

Durante 2025, la Ciudad realizó más de 30 millones de prestaciones y la oferta de consultas médicas creció un 30%. El área quirúrgica registró 12.000 intervenciones adicionales, fenómeno que el Gobierno porteño vincula a la sobrecarga por pacientes de otras jurisdicciones. En paralelo, la Ciudad reclama a la provincia de Buenos Aires el pago de más de $27.000 millones por la atención de bonaerenses en situación de calle, apoyándose en el decreto nacional 373/2025 que asigna a cada jurisdicción la responsabilidad sobre estas personas.

La medida ha generado reacciones encontradas. Mientras que desde la administración porteña se la presenta como una respuesta necesaria ante la demanda creciente y el uso excedido de los servicios públicos, desde la provincia de Buenos Aires se cuestiona el reclamo de costos y se han ampliado los centros de contención. Analistas advierten que la decisión puede aliviar la presión sobre los recursos locales, pero también profundiza la tensión fiscal y política entre ambas jurisdicciones. La implementación será gradual y estará a cargo de la Jefatura de Gabinete, que coordinará con las distintas áreas del gobierno porteño para garantizar la aplicación efectiva del nuevo esquema.