El reciente aumento de la alícuota de aportes patronales impuesto por el Gobierno nacional generó un fuerte rechazo por parte del Club River Plate y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La medida, que eleva la carga del 8% al 19,12%, fue implementada a través de la Disposición 16/2025 y, según las instituciones deportivas, amenaza la viabilidad económica de los clubes y sus proyectos sociales y educativos.

River Plate calculó que la nueva normativa provocará una pérdida superior a los 16.800 millones de pesos entre septiembre de 2023 y junio de 2025. Además, el club advirtió que solo en el primer semestre de 2025 debió desembolsar casi 2.000 millones de pesos adicionales en contribuciones previsionales. “No se puede exigir más a quienes ya están haciendo mucho, sin recibir nada a cambio”, expresaron desde la entidad de Núñez.

La AFA, por su parte, recordó que el régimen especial de aportes vigente desde 2003 fue creado para contemplar la especificidad del fútbol profesional y evitar la asfixia financiera de los clubes. Sin embargo, el Gobierno, encabezado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la decisión argumentando que el sistema anterior era deficitario y que el costo recaía sobre los jubilados. “¿Quién se hacía cargo del déficit? Los jubilados”, afirmó Sturzenegger en redes sociales.

El conflicto se intensificó luego de que, tras la eliminación del régimen especial en 2024 y la apertura de un comité de negociación, no se alcanzara un acuerdo entre las partes. La Justicia intervino a pedido de la AFA y suspendió la eliminación, pero el Gobierno respondió con un nuevo incremento de la alícuota y un adicional del 5,56% para saldar deudas previsionales.

Desde la AFA y River se sostiene que la medida busca presionar a los clubes para aceptar la incorporación de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), lo que modificaría la estructura jurídica y económica del fútbol argentino. El Gobierno, en cambio, insiste en la necesidad de eliminar privilegios y garantizar la sustentabilidad del sistema previsional. El debate continúa abierto y se espera que tenga repercusiones en la organización del deporte y en la relación entre el Estado y las instituciones deportivas.