Una familia de Mar del Plata denunció haber sido víctima de una estafa inmobiliaria al intentar alquilar una vivienda en La Plata, lo que les ocasionó graves perjuicios económicos, emocionales y laborales. Según relataron, el proceso comenzó cuando se contactaron con un martillero y corredor de bienes raíces, pareja de una conocida, quien les ofreció una casa cerca de la Unidad N°9 en La Plata. La urgencia de la mudanza respondía a motivos familiares y laborales, ya que el padre reside en La Plata y requiere atención médica, mientras que ambos cónyuges trabajan en el Servicio Penitenciario.

El supuesto corredor solicitó garantías, documentación y un adelanto de $1.100.000, alegando que la propietaria necesitaba ese dinero para mudarse y liberar la vivienda. Sin embargo, tras realizar la transferencia, la familia descubrió que la dueña desconocía completamente la operación, no había firmado ningún documento ni recibido dinero. A partir de ese momento, el corredor dejó de responder llamadas y mensajes, y la familia nunca recuperó el dinero.

La situación se agravó cuando la mudanza no pudo concretarse antes del 31 de enero, fecha estipulada en el contrato. Según la cláusula, el dinero debía ser reintegrado si la oferta no era aceptada, lo que tampoco ocurrió. La familia recibió respuestas evasivas y amenazas por parte del supuesto corredor, quien les prohibió comunicarse con la propietaria.

El perjuicio incluyó retrasos en tratamientos médicos y educativos para el hijo, quien asiste a neurólogo, psicólogo y psiquiatra, y concurre a una escuela especial. Además, debieron solicitar un préstamo y gastar cerca de $1.500.000 en otro alquiler, afectando gravemente su economía. Actualmente, se ven obligados a viajar constantemente entre Mar del Plata y La Plata, sin una vivienda estable y con incertidumbre sobre la escolaridad del menor.

La familia presentó la denuncia correspondiente, que fue derivada al área de delitos económicos. Los involucrados en la estafa tienen antecedentes de delitos económicos y subarriendan propiedades entre ambas ciudades. "Nos provocaron un perjuicio económico, emocional y laboral", declaró la víctima, quien exige que la investigación avance para evitar que otros sean afectados. El caso pone de relieve la vulnerabilidad de quienes buscan alquilar viviendas y la necesidad de controles más estrictos en el sector inmobiliario.