El empresario Emiliano Nahuel Penna, conocido por su participación en el sector de combustibles, ha reavivado una causa judicial contra sus padres, Carlos y Elba Penna, a quienes acusa de estafa y abuso familiar. Según la denuncia, sus padres lo internaron en clínicas psiquiátricas de manera fraudulenta para tomar control de las empresas que él mismo fundó, incluyendo Comcam SRL, una firma dedicada al transporte de combustibles.

El conflicto comenzó en 2019, cuando Penna detectó irregularidades en las cuentas de la empresa, como pagos por combustible que nunca se entregó. Según su testimonio, sus padres utilizaban estas operaciones para blanquear dinero proveniente de ventas en negro. La presunta estafa, que involucra más de seis millones de litros de diésel, tendría un valor actual de miles de millones de pesos.

Penna asegura que, tras confrontar a sus padres, fue sometido a internaciones psiquiátricas en varias ocasiones entre 2019 y 2021. Durante estos períodos, afirma haber sido medicado en exceso y presionado para firmar documentos que le quitaban el control de las empresas. Documentos del Juzgado de Familia N°1 de Florencio Varela describen a Penna como esquizofrénico, pero una pericia psicológica reciente contradice esta evaluación, señalando que su discurso es coherente y verosímil.

La causa fue archivada en 2024 por falta de pruebas, pero en marzo de 2025, la Fiscalía General de Quilmes ordenó su reapertura. La fiscal Carina Gil argumentó que existen elementos suficientes para investigar posibles delitos, incluyendo el análisis de la evolución patrimonial de las empresas y los registros de las internaciones psiquiátricas.

El abogado de Penna, Jorge Monastersky, calificó el caso como un ejemplo de abuso familiar y fraude económico. "No solo buscamos justicia, sino también la sanación de una persona que fue apartada de sus empresas y sometida a un trato inhumano", declaró.

Por su parte, los padres de Penna no han emitido declaraciones públicas, y su abogado no respondió a las consultas de la prensa. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante en temas de abuso familiar y fraude empresarial, mientras la investigación avanza bajo la supervisión de un nuevo fiscal en la UFI N°2 de Florencio Varela.