La crisis sanitaria por el fentanilo contaminado en Argentina continúa generando preocupación y debate en el ámbito público y judicial. Hasta el momento, la Justicia ha confirmado al menos 96 muertes atribuidas al uso de ampollas de fentanilo contaminadas, distribuidas en más de 200 hospitales de todo el país. El medicamento, producido por HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., fue identificado como portador de bacterias multirresistentes, Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, que provocaron graves cuadros de neumonía en pacientes internados.

La investigación, liderada por el juez federal Ernesto Kreplak desde La Plata, ha avanzado con pericias específicas y allanamientos en clínicas y laboratorios. El magistrado confirmó que hay 24 personas bajo sospecha, a quienes se les inhibieron los bienes y se les prohibió la salida del país. "Estamos trabajando a fondo para establecer las responsabilidades que corresponden", declaró Kreplak, quien también habilitó la feria judicial para acelerar el proceso.

El brote se detectó inicialmente en el Hospital Italiano de La Plata, donde 15 pacientes fallecieron tras recibir el medicamento. Posteriormente, se reportaron casos en Formosa, Córdoba, Santa Fe y Bahía Blanca, aunque algunos hospitales, como el Hospital Español de Bahía Blanca, niegan que haya muertes relacionadas con el fentanilo. La falta de información precisa y la demora en la llegada de datos clínicos han dificultado el esclarecimiento total de la situación.

En respuesta a la alerta sanitaria nacional emitida por la ANMAT, el Ministerio de Salud ordenó el retiro preventivo de todos los lotes sospechosos de fentanilo y otros medicamentos de HLB Pharma. Las autoridades provinciales, como en Salta, confirmaron que no se detectaron casos locales, pero mantuvieron la cuarentena de los productos y reemplazaron el suministro con otras marcas.

El empresario Ariel García Furfaro, principal titular de los laboratorios involucrados, niega cualquier responsabilidad y denuncia una "operación mediática" en su contra. Por su parte, familiares de las víctimas se reunieron con diputados del PRO para impulsar la creación de una comisión investigadora en el Congreso, reclamando mayor trazabilidad y controles más estrictos sobre el medicamento.

La investigación judicial también analiza posibles irregularidades en la habilitación de los laboratorios y el desvío de parte de la producción al mercado ilegal. El caso ha puesto en evidencia las debilidades del sistema de control de medicamentos en Argentina y podría tener implicancias legales y regulatorias de largo plazo.