El Gobierno nacional oficializó este miércoles la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa estatal responsable del suministro de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La decisión, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 494/2025 y firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, autoriza la venta del 90% de las acciones que actualmente pertenecen al Estado nacional.

Según el decreto, al menos el 51% del paquete accionario será transferido a un operador estratégico a través de una licitación pública nacional e internacional, mientras que el resto de las acciones se colocará en bolsas y mercados del país. El Ministerio de Economía, junto a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será el encargado de supervisar el proceso y garantizar la continuidad del servicio público durante la transición.

El Gobierno fundamentó la medida en la necesidad de mejorar la eficiencia y la sustentabilidad del servicio, señalando que AySA ha sido deficitaria desde su creación y ha dependido de transferencias estatales por aproximadamente 13.400 millones de dólares entre 2006 y 2023. "La asistencia financiera del Estado nacional no ha logrado impedir un deterioro en la eficiencia y productividad de AySA", sostiene el texto oficial.

El "Plan de Acción de Transición de AySA 2024-2026" fue aprobado para adecuar los compromisos de prestación del servicio a las capacidades reales de la empresa, en función de los recursos disponibles. El Gobierno remarcó que la privatización no afectará la continuidad del servicio y que se mantendrán los controles regulatorios.

La decisión se enmarca en la Ley de Bases N° 27.742, que habilitó la privatización de varias empresas públicas. Si bien el Gobierno defiende la medida como un paso necesario para mejorar la prestación y reducir el déficit fiscal, sectores críticos advierten sobre la pérdida de control estatal en un servicio esencial y los posibles impactos en tarifas y acceso para los usuarios. Hasta el momento, no se han registrado reacciones oficiales de sindicatos o asociaciones de usuarios, aunque se espera que el debate continúe en los próximos días.