El reciente evento antivacunas realizado en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, organizado por la diputada Marilú Quiroz (PRO, Chaco), generó una ola de repudio entre especialistas, sociedades científicas y funcionarios de salud. Durante la jornada, un hombre intentó demostrar que un imán se adhería a su piel supuestamente por efectos de la vacuna contra el COVID-19, una afirmación que fue rápidamente desmentida por expertos en biotecnología y física, quienes explicaron que el fenómeno responde a la tensión superficial de la piel y no a la presencia de metales o magnetismo inducido por las vacunas.

El evento, titulado “¿Qué contienen realmente las vacunas del COVID-19?”, fue señalado por la comunidad médica como un acto de desinformación que pone en riesgo la salud pública. Sociedades científicas, como la Sociedad Argentina de Pediatría, advirtieron que la cobertura de vacunación en el país está en niveles críticos, con refuerzos infantiles por debajo del 50%, lo que favorece la reaparición de enfermedades como el sarampión y la coqueluche. “Difundir falsedades desde el Congreso genera dudas donde antes no existían”, alertó Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

La diputada Quiroz, por su parte, negó ser antivacunas y defendió la necesidad de debatir la obligatoriedad de la vacunación, aunque fue criticada por desacreditar a la ANMAT y por dar espacio a teorías sin sustento científico. El ministro de Salud, Mario Lugones, y el PRO se distanciaron del evento, reafirmando la seguridad y eficacia de las vacunas incluidas en el calendario nacional.

Expertos recordaron que la desinformación sobre supuestos efectos como el magnetismo ha sido refutada por organismos internacionales como la OMS y los CDC, y que la vacunación obligatoria está respaldada por la jurisprudencia nacional e internacional como una medida legítima para proteger la salud colectiva. La comunidad médica coincidió en que la caída de las coberturas vacunales es multifactorial, pero alertó que la difusión de mensajes sin evidencia en espacios institucionales agrava la situación y pone en riesgo a los sectores más vulnerables de la sociedad.

El episodio reavivó el debate sobre la responsabilidad de los legisladores y la necesidad de fortalecer la confianza en las políticas de salud pública basadas en evidencia científica, en un contexto donde la desinformación puede tener consecuencias graves para la salud colectiva.