El juicio por las muertes de cinco bebés y el intento de homicidio de otros ocho en el Hospital Neonatal de Córdoba avanza hacia su etapa final. Este martes, Brenda Agüero, la enfermera acusada como autora material de los crímenes, reafirmó su inocencia en una declaración que duró menos de 20 minutos. “Soy muy consciente de lo que me acusan, pero yo no fui. Llevo tres años detenida por algo que no cometí”, afirmó ante los jueces y el jurado. Agüero también justificó su actitud durante las audiencias, explicando que sonríe para tranquilizar a su madre, quien asiste al juicio.

El caso, que conmocionó a Córdoba, involucra la muerte de cinco recién nacidos y la descompensación de otros ocho entre marzo y junio de 2022. Según la fiscalía, las muertes fueron causadas por inyecciones de potasio e insulina administradas deliberadamente. Agüero enfrenta cargos por homicidio calificado y tentativa de homicidio, mientras que otros diez imputados, incluidos exfuncionarios y médicos, son acusados de encubrimiento y omisión de deberes.

En su declaración, Marta Gómez Flores, exjefa de Neonatología, defendió la gestión del hospital y argumentó que los casos inusuales no indicaban necesariamente criminalidad. “El Neonatal era el pararrayos del sistema de salud público, con una alta demanda y casos complejos”, explicó. Sin embargo, los peritajes presentados en el juicio confirmaron niveles letales de potasio e insulina en algunos bebés, descartando causas naturales en ciertos casos.

El juicio también ha sido escenario de testimonios desgarradores de los padres de las víctimas. Vanessa Cáceres, madre de Francisco, el primer bebé fallecido, declaró: “Le reventaron el corazón. Mi hijo nació sano y en cinco minutos estaba muerto”. Otros padres señalaron directamente a Agüero como responsable, mientras que la defensa de la enfermera cuestionó la solidez de las pruebas y acusó un sesgo en la investigación.

El proceso judicial, que comenzó en enero de 2025, se encuentra en su etapa final. Se espera que los alegatos de la fiscalía y las defensas comiencen a fines de abril, con una sentencia programada para el 2 de junio. El caso ha puesto en debate la seguridad en los hospitales públicos y la responsabilidad de las autoridades en la supervisión de los servicios de salud.