La ciudad de Rosario se ha convertido en el epicentro de una crisis sanitaria nacional tras la confirmación de 49 muertes por la administración de fentanilo contaminado, en el marco de una investigación que ya contabiliza 124 víctimas fatales en todo el país. El caso, que involucra a los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Ramallo S.A., ha puesto en evidencia graves deficiencias en los controles de la industria farmacéutica y la trazabilidad de medicamentos inyectables.

Durante una audiencia pública realizada en Rosario, familiares de las víctimas compartieron sus testimonios ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Los relatos, cargados de dolor y reclamos, denunciaron el destrato recibido en instituciones médicas y la falta de respuestas claras sobre el origen y la aplicación del fentanilo adulterado. "Esto fue una masacre. Si el fentanilo hubiera sido controlado no habría pasado esto", expresó Ivana Esteban, una de las familiares presentes. Otros testimonios coincidieron en señalar la ausencia de humanidad y empatía por parte del personal médico, así como la falta de mecanismos efectivos para identificar y asistir a los afectados.

La diputada Victoria Tolosa Paz detalló que el lote contaminado fue distribuido en 22 centros de salud de Santa Fe, donde se aplicaron más de 22.000 dosis. La investigación judicial, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, ha avanzado en el procesamiento y embargo de los directivos de los laboratorios implicados, entre ellos Ariel García Furfaro, principal responsable de la compañía.

En respuesta a la magnitud de la tragedia, diputados de diferentes bloques presentaron un proyecto de ley para endurecer los requisitos de habilitación de laboratorios farmacéuticos. La iniciativa exige que los titulares y directores técnicos no tengan antecedentes penales por delitos dolosos, relacionados con la salud pública o el tráfico de estupefacientes, y que acrediten la licitud de los fondos destinados a la inversión y funcionamiento de los laboratorios. "Buscamos evitar que nunca más una persona con los antecedentes del empresario Ariel García Furfaro tenga la habilitación y el permiso para producir medicamentos", explicó Tolosa Paz.

El caso ha generado un debate profundo sobre la necesidad de reforzar los controles en la industria farmacéutica y mejorar la trazabilidad de medicamentos, con el objetivo de prevenir futuras tragedias. Mientras la investigación continúa, familiares y legisladores insisten en la urgencia de acompañar a las víctimas y garantizar que episodios similares no se repitan en el sistema de salud argentino.