El Gobierno argentino ha avanzado en un plan de reestructuración de Trenes Argentinos Operaciones, la empresa estatal encargada de operar los servicios ferroviarios de pasajeros. Este proceso, que busca reducir costos y preparar la compañía para una eventual privatización, ha generado ahorros significativos y ha sido acompañado por medidas de modernización y optimización operativa.

En el último año, la empresa redujo su plantilla en 1.897 empleados, con una meta de no superar los 20.000 trabajadores en los próximos meses. Esta medida, junto con la eliminación de 277 cargos jerárquicos, permitió un ahorro total de $60.000 millones, incluyendo $13.257 millones provenientes de la reducción de la estructura organizativa. Además, se disminuyeron las horas extras en un 73%, lo que generó un ahorro adicional de $600 millones anuales.

La reestructuración también incluyó la revisión de contratos, la eliminación de gastos innecesarios y la optimización de recursos humanos y materiales. Por ejemplo, se redujo en un 30% la flota de vehículos alquilados, lo que representó un ahorro de $3.192 millones anuales. Asimismo, se eliminaron vehículos de alta gama y se redujo el uso de tarjetas de combustible, ahorrando $400 millones anuales.

En el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno, se implementaron mejoras en la infraestructura y seguridad del sistema ferroviario. Entre estas medidas destacan la activación del sistema de frenado automático, la renovación de vías en líneas clave como Mitre, Roca y Sarmiento, y la adquisición de repuestos y locomotoras para modernizar el servicio.

El plan de reestructuración forma parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno para reducir el déficit fiscal y privatizar empresas públicas. Trenes Argentinos es una de varias compañías incluidas en la Ley Bases, que habilita la transición hacia la gestión privada. Según la Secretaría de Transporte, el objetivo es atraer capital privado para concesionar la operación de los servicios ferroviarios, garantizando un proceso gradual y ordenado que minimice el impacto en el empleo.

Sin embargo, las medidas han generado críticas por su impacto social, especialmente en términos de despidos. Mientras el Gobierno destaca los ahorros y la mejora en la eficiencia operativa, algunos sectores cuestionan la viabilidad de la privatización y su impacto a largo plazo en el sistema ferroviario. A pesar de las controversias, la modernización del sistema es vista por algunos como un paso positivo hacia un servicio más eficiente y seguro.