El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) atraviesa una de las crisis más profundas de su historia, con un déficit que supera los $200.000 millones y una serie de denuncias por recortes en prestaciones, falta de cobertura y presuntas irregularidades administrativas. La situación afecta a más de 650.000 afiliados, quienes reportan dificultades para acceder a medicamentos y servicios médicos, especialmente en casos de enfermedades crónicas y oncológicas.

Según los balances internos y testimonios recogidos por distintos medios, el déficit de IOSFA se incrementó de manera exponencial entre 2023 y 2024, a pesar de los recortes y préstamos internos gestionados por el directorio. Afiliados como Omar Barbero relatan que deben recorrer varias farmacias para conseguir medicación, y en muchos casos recurrir a recursos de amparo judicial para obtener prestaciones básicas. "Nosotros aportamos religiosamente todos los meses y no recibimos la cobertura que corresponde", afirmó Barbero en diálogo con Elonce.

El malestar entre los beneficiarios se traduce en protestas convocadas en distintas ciudades, como la jornada nacional prevista en Paraná, donde se reclama la normalización de la obra social y la restitución de servicios. La falta de representación de suboficiales y pensionadas en la conducción de IOSFA también es motivo de críticas, mientras se discute la posibilidad de un convenio con PAMI que genera preocupación entre los afiliados.

En paralelo, el Gobierno nacional ordenó auditorías y denuncias por irregularidades en los sistemas informáticos y contrataciones de IOSFA. Un informe de la Unidad de Auditoría Interna reveló pagos por "legítimo abono" a proveedores sin concurso público y dificultades en la implementación de sistemas clave para la gestión de prestaciones de salud. La presidente de IOSFA, Betsabé Surballe, enfrenta cuestionamientos por la administración de estos contratos.

La crisis tomó un giro judicial con la presentación de una denuncia ante la Cámara Federal, en la que se acusa a funcionarios nacionales y empresarios del sector farmacéutico de integrar una presunta organización criminal dedicada al desvío de fondos públicos, coimas y contrataciones fraudulentas. El escrito solicita la suspensión de contratos, auditorías externas y el bloqueo de cuentas bancarias de los implicados. "La corrupción mata en silencio", concluye la denuncia, que pide una investigación a fondo sobre lo que describe como una red de corrupción estructural en el Estado nacional.

La situación de IOSFA pone en evidencia los desafíos de gestión y transparencia en el sistema de salud de las Fuerzas Armadas, con implicaciones que podrían extenderse a otros organismos y afectar la atención de miles de familias en todo el país.