La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial resolvió en noviembre de 2025 un caso emblemático de fraude bancario digital, ocurrido en octubre de 2021, que involucró el vaciamiento de cuentas de una clienta tras una maniobra de phishing. La usuaria, al intentar gestionar una nueva tarjeta de crédito a través de la plataforma de autogestión, fue derivada a un supuesto chat institucional y posteriormente contactada telefónicamente por una persona que simulaba ser empleado del banco. Durante la comunicación, la clienta facilitó datos personales, números de tarjetas y códigos de validación enviados por mensaje de texto, lo que permitió a los estafadores acceder a sus cuentas y realizar transferencias inmediatas en moneda local y extranjera.

En primera instancia, el banco fue condenado a pagar $1.112.000 y US$12.000, más intereses y costas, por incumplimiento de su deber de seguridad, además de un resarcimiento por daño moral y una multa civil por daño punitivo. Sin embargo, la entidad financiera apeló, argumentando que la entrega voluntaria de datos confidenciales por parte de la víctima interrumpía el nexo causal y que había realizado campañas de prevención sobre fraudes.

El tribunal de segunda instancia analizó la normativa vigente y el contexto de pandemia, que impulsó el uso masivo de canales virtuales y expuso a clientes y bancos a nuevas vulnerabilidades. Los jueces señalaron que el sistema de homebanking es "una modalidad riesgosa en sí misma" y que los bancos asumen una responsabilidad objetiva en términos de seguridad digital. Sin embargo, también consideraron que la clienta tuvo "contribución causal" al hecho al compartir datos críticos solicitados por los estafadores.

Por ello, la Cámara resolvió limitar la indemnización por daño patrimonial al 50% del monto sustraído, junto con el resarcimiento por daño moral, que se mantuvo en 250.000 pesos. La multa por daño punitivo fue revocada, ya que no se comprobó una conducta dolosa grave por parte del banco. Las costas del proceso serán soportadas por ambas partes, reflejando la responsabilidad parcial atribuida a cada una en la concreción del fraude y la caída del sistema de seguridad.

Este fallo sienta precedentes sobre la valoración de la responsabilidad en casos de fraude digital y la importancia de controles más estrictos en los sistemas de homebanking, en un contexto de creciente vulnerabilidad y sofisticación de las maniobras delictivas.