Una empleada judicial de la Cuarta Circunscripción de Río Negro, con sede en Cipolletti, fue cesanteada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) tras descubrirse que mantenía tres empleos públicos simultáneos, una situación que constituye una grave incompatibilidad legal según la normativa vigente. La investigación interna, que comenzó tras detectar reiteradas licencias, reveló que la agente trabajaba en el Poder Judicial de Río Negro, la Municipalidad de San Martín de los Andes y la Obra Social de Petroleros Privados.

Entre 2019 y 2023, la empleada acumuló más de 400 días de licencia, incluyendo períodos por enfermedad y licencias sin goce de sueldo. Durante la pandemia, se trasladó a Neuquén y continuó desempeñando sus funciones de manera remota. En su declaración, la agente admitió el pluriempleo, justificándolo por problemas de salud propios y familiares, y aseguró desconocer que su situación infringía la normativa.

El STJ determinó que la conducta de la empleada violaba la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Ética e Idoneidad de la Función Pública, que prohíben desempeñar más de un cargo público remunerado. Además, ordenó remitir el caso a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para evaluar si hubo un perjuicio económico al erario público, lo que podría derivar en una causa penal.

El fallo del STJ subrayó que "la conducta exhibida por la agente se encuentra alejada de lo esperable de una empleada judicial" y que la sanción de cesantía busca "resguardar la confianza pública en la integridad del Poder Judicial". También se destacó que los empleados judiciales solo pueden realizar actividades docentes adicionales, siempre que no interfieran con su horario laboral ni excedan el límite de horas permitido.

Este caso ha reavivado el debate sobre la falta de controles efectivos en la administración pública, especialmente en el contexto del trabajo remoto durante la pandemia, que facilitó la superposición de funciones. Desde el STJ se espera que esta medida siente un precedente para reforzar los mecanismos de control y garantizar la transparencia en la función pública.