Una docente de Tupungato, Mendoza, fue detenida e imputada por presunta distribución de material de abuso sexual infantil, tras una alerta internacional generada por Google. La investigación comenzó cuando la empresa tecnológica detectó la carga de videos con contenido ilícito desde dispositivos vinculados a la educadora y notificó al National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), organización estadounidense dedicada a la protección de menores.

El reporte internacional fue recibido por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que derivó la causa a la Unidad Fiscal Valle de Uco, bajo la dirección del fiscal Pablo Fossaroli. Tras reunir pruebas, la Justicia mendocina ordenó un allanamiento en la vivienda de la docente, realizado al mediodía del jueves por la Unidad Investigativa Departamental Tupungato. Durante el procedimiento, se secuestraron celulares, computadoras, tablets y pendrives, que serán sometidos a peritajes especializados para sumar evidencia al expediente.

La docente fue detenida y trasladada a una dependencia policial, donde fue imputada por el delito de distribución de material de abuso sexual infantil. Horas más tarde, recuperó la libertad tras cumplir con los requisitos judiciales y pagar una fianza, mientras la causa sigue en proceso. El fiscal Fossaroli se ha mostrado reservado y evitó brindar detalles adicionales sobre el avance de la investigación.

El caso ha generado sorpresa y preocupación entre los vecinos de Tupungato y la comunidad educativa local, especialmente ante la posibilidad de que algunos de los videos involucren a alumnos de la acusada. Las autoridades continúan con el análisis de los dispositivos electrónicos incautados, en busca de más pruebas que permitan esclarecer los hechos y determinar el alcance de la actividad ilícita.

La investigación se mantiene en curso y se espera que en los próximos días se conozcan nuevos detalles sobre el caso, que ha puesto en alerta a las instituciones encargadas de la protección de menores y a la sociedad mendocina en general.