El caso de Guillermo Bustamante, fallecido el 24 de marzo en una estación de servicio de Córdoba durante un operativo policial, ha dado un giro significativo tras la liberación de los cinco policías involucrados. La decisión fue tomada por el fiscal Guillermo González, quien cambió la calificación del hecho de "homicidio calificado" a "homicidio preterintencional". Este cambio implica que, aunque los policías son responsables de la muerte, no hubo intención directa de matar.

La autopsia complementaria realizada por el Instituto de Medicina Forense fue clave en esta decisión. Según el informe, Bustamante tenía problemas cardíacos preexistentes y había consumido cocaína y alcohol antes de su muerte. La causa del deceso fue una falla cardiorrespiratoria aguda durante el forcejeo con los policías, descartando un ataque deliberado.

Los policías liberados, que enfrentaban cargos graves como "homicidio calificado" y "encubrimiento", ahora están imputados por delitos menores. Entre ellos, el subinspector Marcos Guzmán Altamirano, el oficial ayudante Nicolás Bulacio y el cabo Juan Martín fueron acusados de "homicidio preterintencional". Otros dos efectivos enfrentan cargos por "encubrimiento" y "omisión de deberes de funcionario público". Aunque recuperaron su libertad, deberán cumplir medidas restrictivas como la prohibición de salir del país y presentarse periódicamente ante la justicia.

El caso ha generado reacciones encontradas. La viuda de Bustamante, Agustina Escotorin, calificó el operativo como "brutal" y expresó su deseo de que los responsables enfrenten las consecuencias legales. Por otro lado, el Ministerio de Seguridad respaldó a los policías desde el inicio, argumentando que actuaron en cumplimiento de su deber. El abogado defensor de los policías, Federico Pizzicari, sostuvo que la muerte fue consecuencia de problemas de salud preexistentes de Bustamante y no de la intervención policial.

El incidente ocurrió tras una discusión entre Bustamante y un empleado de la estación de servicio por el pago de combustible. La situación escaló cuando el empleado llamó a la policía, lo que resultó en un operativo con 15 efectivos. Testigos y cámaras de seguridad muestran que Bustamante fue reducido violentamente, lo que derivó en su muerte.

La decisión judicial ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza policial y la responsabilidad en operativos de este tipo. Mientras la investigación continúa, la sociedad cordobesa permanece dividida entre quienes apoyan la decisión judicial y quienes la critican por considerar que minimiza la responsabilidad policial.