El fiscal Guillermo Heredia, de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas de San Juan, desestimó la denuncia por presunta estafa y venta fraudulenta de dos propiedades que enfrentaba a dos abogados sanjuaninos y un corredor inmobiliario. La investigación, que se originó en 2021 y tomó estado público en septiembre de 2025, involucraba a la familia del abogado Fernando Cháves como denunciante y al abogado Omar Quiroga junto al agente inmobiliario Aníbal Fabricio Rodríguez como acusados.

Según la denuncia, el conflicto surgió tras el fallecimiento de la esposa e hija de Cháves, cuando Quiroga, con quien mantenía una relación previa, se ofreció a ayudar en la administración de los bienes familiares. Rodríguez fue presentado como desarrollador inmobiliario y persona de confianza. Se firmaron acuerdos para que Rodríguez se hiciera cargo de una vivienda y para desarrollar un loteo en un terreno de Médano de Oro, Rawson. Los denunciantes alegaron que se entregaron cerca de dos millones de pesos para obras que nunca se realizaron y que se simularon avances inexistentes.

La familia sostuvo que, durante viajes de Cháves a España entre 2023 y 2024, fueron inducidos a firmar documentación que resultó ser una cesión de derechos hereditarios y posesorios sobre una vivienda, lo que permitió la venta del inmueble sin su autorización. Sin embargo, el fiscal Heredia determinó que los actos cuestionados fueron realizados de manera voluntaria, con intervención notarial y pleno consentimiento de las partes. "La documentación fue suscripta ante escribano público y existen mensajes que evidencian el reconocimiento de la cesión por parte de los denunciantes", señaló Heredia en su dictamen.

El fiscal subrayó que no se acreditó engaño ni dolo, elementos necesarios para configurar el delito de estafa según el artículo 172 del Código Penal. Además, destacó que una de las denunciantes es abogada matriculada, lo que refuerza la comprensión de los documentos firmados. Por ello, resolvió archivar la causa en el fuero penal, aunque dejó abierta la posibilidad de que el conflicto continúe por la vía civil. El caso ilustra la delgada línea entre los desacuerdos contractuales y la tipificación penal, y resalta la importancia de la documentación y el consentimiento en las operaciones inmobiliarias.