El asesinato de la psiquiatra Virginia Franco, ocurrido el pasado 15 de noviembre en la localidad de City Bell, La Plata, ha generado conmoción en la comunidad. La investigación policial identificó como principal sospechoso a Javier Gustavo Echeverguren, jardinero de 38 años que realizaba trabajos periódicos en la vivienda de la víctima.

Según fuentes judiciales, el móvil del crimen habría sido una disputa económica. Echeverguren reclamó a Franco el pago de $50.000 por un trabajo, pero la psiquiatra se negó a abonar esa suma, argumentando que la tarea no estaba completa y ofreciendo solo $10.000. Este conflicto, reconstruido a partir de mensajes de WhatsApp, habría desencadenado el ataque mortal.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron al acusado en el rango horario del crimen, con el rostro cubierto, ingresando y saliendo de la vivienda con una bicicleta y una mochila abultada. Testigos aseguraron que la bicicleta pertenecía al difunto esposo de Franco. Además, de la casa faltaban joyas y el teléfono celular de la víctima.

La autopsia determinó que Franco murió por un shock hipovolémico, producto de lesiones en los vasos sanguíneos del cuello causadas por un arma blanca. También presentaba golpes en la cabeza y cortes en el mentón, párpados, muñeca y dedos.

Echeverguren fue detenido días después en un asentamiento de Quilmes, cuando intentaba huir hacia Tucumán. En su poder tenía un pasaje de colectivo y un teléfono que había mantenido breves comunicaciones con la víctima. La policía secuestró herramientas y prendas de vestir similares a las que llevaba el día del crimen.

En un principio, la investigación había apuntado a un conocido de Franco encargado de sus finanzas, pero esa hipótesis fue descartada por inconsistencias. La pista de los jardineros cobró fuerza por la recomendación de un colega y la presencia reciente de Echeverguren en la casa.

El fiscal Álvaro Garganta imputó al acusado por homicidio agravado criminis causa, figura que contempla la posibilidad de que el asesinato haya sido cometido para ocultar otro delito, como el robo. La causa sigue en curso y la Justicia evalúa la prisión preventiva, mientras familiares y vecinos reclaman justicia y mayor seguridad en la zona.