Un agente de la Policía Federal Argentina fue detenido en la ciudad de Salta tras una investigación internacional que reveló la posesión y distribución de más de 60 mil archivos con material de abuso sexual infantil. El operativo, denominado "Aliados por la Infancia V", contó con la colaboración de fuerzas de seguridad y organismos judiciales de varios países, y fue posible gracias al sistema estadounidense Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS), especializado en la detección de delitos de explotación sexual infantil en redes P2P.

Según informaron fuentes judiciales, la actividad ilícita fue rastreada a través de la plataforma ICACCOPS, que permitió identificar la dirección IP, el proveedor de servicios, el usuario y la ubicación geográfica del acusado. Con estos datos, las autoridades solicitaron un allanamiento en el domicilio del agente, donde se secuestraron dispositivos digitales que contenían más de 60 mil archivos entre fotos y videos de menores de edad, muchos de ellos menores de 13 años.

Durante la audiencia de imputación, el acusado, de 31 años, fue asistido por un defensor oficial y optó por abstenerse de declarar. La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, solicitó al Juzgado de Garantías que el imputado permanezca detenido mientras avanza la investigación. El delito que se le imputa es la distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil agravado por la participación de menores de 13 años, conforme al artículo 128 del Código Penal.

El operativo internacional incluyó acciones simultáneas en quince países de América y en doce provincias argentinas, con el objetivo de desarticular redes de explotación sexual infantil. En Argentina, se realizaron 49 allanamientos y se incautaron numerosos dispositivos electrónicos, además de identificar a varios sospechosos.

Las autoridades destacaron la importancia de la cooperación internacional y la utilización de tecnología avanzada para combatir estos delitos. "Es fundamental generar conciencia en la sociedad sobre la gravedad de la explotación sexual infantil y fomentar la denuncia de cualquier actividad sospechosa", señalaron fuentes judiciales. El caso continúa bajo investigación y se espera que contribuya a fortalecer los mecanismos de protección de niños, niñas y adolescentes en el país.