El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en el centro de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, a raíz de una serie de operaciones inmobiliarias y préstamos que han despertado sospechas en la Justicia federal. La causa, impulsada por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, quienes han ordenado levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni, su esposa y las mujeres que participaron en las transacciones.

Según la investigación, Adorni adquirió un departamento en Caballito por 230.000 dólares, de los cuales solo pagó 30.000 en efectivo, mientras que el resto fue financiado mediante una hipoteca privada con las vendedoras, dos jubiladas que habían comprado el inmueble pocos meses antes. Además, el funcionario hipotecó previamente su departamento en Parque Chacabuco para obtener un préstamo de 100.000 dólares de dos mujeres vinculadas a la Policía Federal, dinero que habría sido utilizado para comprar una casa en un country de Exaltación de la Cruz.

La escribana Adriana Nechevenko, responsable de certificar las operaciones, fue citada a declarar como testigo. Sus declaraciones, tanto ante la Justicia como en medios de comunicación, han generado controversia y más interrogantes sobre el origen de los fondos y la transparencia de las operaciones. Nechevenko sostuvo que no estaba obligada a exigir documentación respaldatoria sobre el origen del dinero, aunque la normativa vigente indica lo contrario, especialmente tratándose de una Persona Expuesta Políticamente.

El caso ha generado tensión en el entorno del Gobierno, que busca limitar la exposición mediática de la escribana y controlar el daño político. Mientras tanto, la fiscalía avanza en la recolección de pruebas y citación de testigos, incluyendo a las prestamistas y vendedoras, para determinar si existió un incremento patrimonial no justificado o maniobras de lavado de dinero.

El desarrollo de la causa se da en un contexto de creciente tensión política y mediática, con el Gobierno restringiendo el acceso a medios críticos tras una investigación internacional sobre presunto financiamiento extranjero. El desenlace de la investigación podría tener implicancias significativas para la administración de Javier Milei y la transparencia en la gestión pública.