El suicidio del soldado Rodrigo Gómez en la Quinta de Olivos ha sacudido a la sociedad argentina y destapado una compleja red de extorsiones digitales operada desde cárceles bonaerenses. Gómez, de 21 años, fue víctima de una banda criminal que utilizaba perfiles falsos en aplicaciones de citas para engañar y extorsionar a personas, simulando denuncias graves y exigiendo pagos millonarios.

Según la investigación de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina, la banda estaba liderada por presos del penal de Magdalena y contaba con la colaboración de Karen Cufré, empleada municipal de Morón, quien fue detenida y cesada de su cargo tras ser identificada como una de las "recaudadoras". Cufré aportaba datos para crear cuentas falsas, activaba chips de celulares y distribuía las cuentas virtuales donde se depositaba el dinero sustraído.

El modus operandi de la organización comenzaba con un contacto en una app de citas, seguido por amenazas de una supuesta madre que acusaba a la víctima de haber interactuado con una menor de edad. Luego, un falso policía exigía dinero para evitar una denuncia judicial. Gómez transfirió $1,4 millones en poco más de una hora, y dejó una carta de despedida en la que expresó: "Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas. Estoy con problemas legales y muchas deudas. Nunca pensé que mi vida iba a terminar así, no le tengo miedo a la muerte, sí respeto. Tengo miedo de decepcionarlos".

La investigación reveló que la banda usurpaba la identidad de un oficial real de la Policía de la Ciudad para dar credibilidad a la extorsión. Además de Gómez, otras víctimas sufrieron pérdidas millonarias, como José, quien transfirió $5,3 millones y entregó su auto a los extorsionadores.

La Justicia avanzó con detenciones y rechazó excarcelaciones, considerando la gravedad de los hechos y el riesgo de entorpecimiento de la investigación. El municipio de Morón ratificó su colaboración con la Justicia tras la detención de Cufré. El caso ha generado debate sobre la seguridad digital, el uso de celulares en cárceles y la protección de víctimas de extorsión.

Autoridades como la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la jueza Sandra Arroyo Salgado, destacaron la multiplicidad de damnificados y la necesidad de medidas para prevenir este tipo de delitos. El caso fue calificado como "Pyme del delito" por funcionarios, evidenciando la estructura jerárquica y la operatividad de estas bandas desde el sistema penitenciario. Las consecuencias psicológicas y económicas para las víctimas han sido profundas, y la investigación continúa para identificar a más afectados y desmantelar la organización criminal.