El Gobierno nacional oficializó una fuerte reducción y reasignación de partidas presupuestarias por casi $500.000 millones, en la antesala de la presentación del Presupuesto 2026. La medida, publicada en el Boletín Oficial bajo la Decisión Administrativa 23/2025, afecta principalmente a los ministerios de Capital Humano y Economía, con recortes significativos en educación, gasto social y obras públicas.

Según fuentes oficiales, el ajuste responde a la necesidad de "afrontar gastos impostergables para el normal funcionamiento" del Estado y se da en un contexto de tensión política tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y la creación de la mesa federal de diálogo con gobernadores. El Ministerio de Capital Humano sufrió una poda de $207.540 millones, impactando en becas estudiantiles, infraestructura educativa y programas sociales. Por su parte, Economía vio reducido su presupuesto en $154.456 millones, principalmente en transferencias a empresas privadas y provincias.

No obstante, la reasignación de fondos incluyó incrementos para la Dirección Nacional de Vialidad, que recibió $191.003 millones adicionales destinados a obras en rutas nacionales de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, así como refuerzos para las fuerzas federales de seguridad. También se destinaron recursos a la Corte Suprema y se ajustaron partidas en cultura, turismo y programas científicos.

El superávit presupuestario se eleva ahora a $6,6 billones, equivalente al 5% de los recursos totales estimados, en línea con la meta de superávit fiscal acordada con el FMI. El Gobierno continúa gestionando con el presupuesto 2023 prorrogado, ante la falta de consenso legislativo para aprobar uno nuevo.

El presidente Javier Milei presentará el próximo lunes el Presupuesto 2026 por cadena nacional, cumpliendo con el plazo legal. La presentación se produce en un clima de recomposición política, con el oficialismo buscando distender la relación con los gobernadores y responder a las demandas de distintos sectores. Sin embargo, persisten las críticas por el impacto social de los recortes y la sostenibilidad de la política fiscal a mediano plazo.