En la localidad de Puan, al suroeste de la provincia de Buenos Aires, un caso de extorsión ha generado conmoción. Stella Maris Distel, una masajista de 65 años, fue detenida por la división de Cibercrimen de la Policía Bonaerense, acusada de chantajear a un cliente con la difusión de fotos íntimas. Según la denuncia, la mujer exigía dinero, electrodomésticos y productos de panadería a cambio de no publicar las imágenes.

La relación entre la acusada y la víctima, un hombre de 51 años, comenzó en 2021. Durante este tiempo, la masajista capturó imágenes íntimas del hombre durante videollamadas y, a partir de noviembre de 2022, inició una serie de extorsiones que se prolongaron hasta noviembre de 2024. Según las investigaciones, la mujer habría obtenido más de 3 millones de pesos, además de bienes materiales como un reloj, un taladro y una balanza digital.

La detención de Distel fue ordenada por el Juzgado de Garantías N°3 de Bahía Blanca, tras una investigación liderada por la UFIJ N°20. En allanamientos previos, las autoridades incautaron dispositivos electrónicos que confirmaron las acusaciones. El caso está caratulado como extorsión, un delito que contempla una pena mínima de 5 años de prisión.

El caso ha generado un intenso debate en Puan, una localidad pequeña donde la acusada era conocida por su activa participación en redes sociales y su carácter polémico. Fuentes locales sugieren que podrían existir más víctimas de la misma mujer, lo que ha incrementado la preocupación en la comunidad.

Este incidente pone de relieve la necesidad de actualizar el Código Penal argentino para abordar de manera más efectiva los delitos relacionados con el sexting y la extorsión digital. Aunque el sexting está contemplado en una ley nacional, no está tipificado como delito, lo que complica su tratamiento judicial. Mientras tanto, la comunidad de Puan sigue conmocionada por un caso que ha expuesto las vulnerabilidades en la era digital.