El presunto ataque al vehículo de Juan Manuel Urtubey, exgobernador de Salta y actual candidato a senador nacional, generó preocupación y debate en la provincia. El hecho ocurrió la mañana del jueves 16 de octubre, cuando la camioneta en la que viajaba Urtubey junto a tres acompañantes por la ruta provincial 5, entre Orán y General Pizarro, sufrió la rotura de la ventanilla trasera izquierda. Según el testimonio del chofer, se escuchó un fuerte golpe y el vidrio se hizo trizas, lo que inicialmente fue interpretado como un posible impacto de bala.

La denuncia penal fue radicada en la Comisaría N° 101 de San Lorenzo por Carlos María García Bes, chofer y secretario de Urtubey. El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio informó que las pericias preliminares no hallaron proyectil ni orificio de salida en el vehículo, y que se están realizando análisis balísticos y de cámaras de seguridad para determinar la naturaleza del daño. "No descartamos ninguna alternativa hasta tener certeza del tipo de incidente que estamos investigando", señaló el fiscal, quien remarcó que la causa se investiga como presunto ataque con arma de fuego, pero se consideran todas las hipótesis.

Urtubey utilizó sus redes sociales para expresar que continuará con su campaña electoral "con energía intacta" y agradeció la solidaridad recibida. "Nada hará que me corra del camino ni deje de lado mis convicciones", afirmó. El hecho provocó conmoción en la provincia, donde la campaña política se ha visto enrarecida por sucesivos episodios de violencia.

El diputado nacional Emiliano Estrada vinculó el incidente con el narcotráfico, señalando que la ruta provincial 5 es utilizada para el tránsito de drogas y criticó la gestión de seguridad provincial. Por su parte, la agrupación Primero la Patria emitió un comunicado oficial repudiando el hecho y exigiendo el esclarecimiento urgente, advirtiendo sobre el impacto en la convivencia democrática.

La investigación continúa abierta, a la espera de los resultados definitivos de las pericias balísticas y el análisis de las grabaciones de seguridad. El episodio se inscribe en un contexto de alta tensión política y preocupación por la seguridad en Salta, mientras los actores involucrados demandan respuestas y garantías institucionales.