Grupo Libertad concretó la venta de 12 de sus 14 hipermercados a la cadena La Anónima, en una operación que afecta a nueve provincias argentinas, incluyendo cuatro sucursales en Córdoba. La transacción, que se enmarca en la crisis económica que atraviesa el país, garantiza la continuidad laboral de 1.670 empleados de las sucursales transferidas, quienes mantendrán sus condiciones laborales bajo la nueva administración.

Sin embargo, la situación es muy diferente para el personal administrativo de la casa central de Libertad en Córdoba. Entre 80 y 100 trabajadores de este sector serán desvinculados durante el proceso de transición, que se extenderá hasta el 31 de mayo. Estos empleados, responsables de tareas clave como la gestión de compras, liquidación de sueldos y relación con proveedores, no serán absorbidos por La Anónima, que cuenta con su propia estructura administrativa.

La empresa Libertad ya comenzó a comunicar los despidos y aseguró que cumplirá con todas las obligaciones legales, incluyendo indemnizaciones y preavisos. La mayoría de los empleados afectados se desempeñan fuera de convenio colectivo, lo que implica negociaciones individuales sin intervención sindical. En contraste, el personal de los hipermercados, que sí está dentro de convenio, mantendrá la continuidad laboral bajo la nueva empresa.

El proceso de reducción de personal en Libertad no es nuevo. En los últimos meses, la compañía implementó retiros voluntarios, despidos en otras provincias y el cierre de formatos comerciales como Fresh Market en Buenos Aires. La empresa justificó estos movimientos por la pérdida de rentabilidad en el sector supermercadista, mientras que su unidad inmobiliaria muestra mejores resultados.

La Anónima, por su parte, también enfrenta desafíos económicos, con caídas en la facturación y despidos recientes en otras provincias. Su gerente general, Nicolás Braun, reconoció públicamente las dificultades del sector: “Hoy a los supermercados nos está costando muchísimo ser rentables. Somos sobrevivientes”.

La operación ha generado preocupación y debate en Córdoba, donde se teme la pérdida de empleos calificados y se cuestiona el impacto social de las grandes reestructuraciones empresariales. El desenlace final dependerá de la evolución de la transición y de eventuales decisiones de La Anónima respecto a posibles reincorporaciones.