El sistema universitario argentino atraviesa una crisis sin precedentes, marcada por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una significativa caída de los salarios docentes. Desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo, los gremios universitarios, encabezados por CONADU, AGD-UBA y Aduba, han convocado un paro nacional que afecta a todas las universidades públicas del país, dejando sin clases a miles de estudiantes y limitando los servicios de hospitales universitarios a guardias mínimas.

La medida de fuerza responde a dos reclamos principales: el cumplimiento efectivo de la ley vigente, que obliga al Gobierno nacional a convocar paritarias salariales con actualizaciones basadas en la inflación, y la recomposición salarial urgente. Según datos de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, los salarios docentes han caído un 34% en términos reales desde la asunción de Javier Milei, y la pérdida acumulada alcanza el 51% a noviembre del año pasado. El presupuesto universitario también sufrió una caída del 34,3% en términos reales entre 2023 y 2026, lo que agrava la situación financiera de las instituciones.

El Congreso de CONADU ratificó la profundización del plan de lucha, con paros progresivos durante todo el semestre y la posibilidad de nuevas medidas si el Gobierno impulsa modificaciones a la ley. Además, se convocó una marcha federal universitaria para el 23 de abril, en coordinación con el Frente Sindical Universitario y la comunidad educativa, con el objetivo de expresar masivamente la defensa de la universidad pública.

El Gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de financiamiento que propone aumentos salariales escalonados y elimina la recomposición de 2023-2024, sin garantizar mecanismos de actualización por inflación. Esta iniciativa fue rechazada por los gremios, que consideran insuficiente la propuesta oficial y exigen el pago del 51% adeudado.

La Universidad de Buenos Aires declaró la emergencia salarial para docentes y no docentes, incluyendo profesionales de la salud y tareas de investigación. El Poder Judicial, por su parte, ha dilatado la resolución del conflicto, mientras los sindicatos advierten que cada dos meses de incumplimiento de la ley equivale a la pérdida de un salario completo.

El sistema universitario público argentino, con más de dos millones de estudiantes y 115 instituciones, cumple un rol central en la formación de recursos humanos y la producción de conocimiento. La crisis actual pone en riesgo la movilidad social y la construcción de capacidades productivas, científicas y profesionales en todo el país. El desenlace del conflicto dependerá de la respuesta del Gobierno, el Congreso y el Poder Judicial, así como de la movilización de la comunidad universitaria.