Una empleada judicial de la Cuarta Circunscripción de Río Negro, con funciones en Cipolletti, fue cesanteada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) tras descubrirse que mantenía tres empleos públicos simultáneos, lo que constituye una grave incompatibilidad legal según la normativa vigente. Además, acumuló más de 400 días de licencia en un período de cuatro años, lo que despertó sospechas y llevó a una investigación interna.

La agente, identificada como P.L.P., trabajaba en el Poder Judicial de Río Negro, la Municipalidad de San Martín de los Andes y la Obra Social de Petroleros Privados. Según los registros de AFIP y ANSES, figuraba como empleada activa en los tres organismos, lo que infringe la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Ética e Idoneidad de la Función Pública. Estas normativas prohíben desempeñar más de un cargo público remunerado de manera simultánea.

El caso salió a la luz gracias a controles internos que detectaron que la empleada había usufructuado más de 400 días de licencia entre 2019 y 2023. En 2019, registró más de 100 días de licencia, y durante la pandemia se trasladó a San Martín de los Andes, desde donde continuó trabajando de forma remota. En 2022, solicitó 180 días de licencia extraordinaria sin goce de sueldo, que intentó extender sin éxito. En 2023, acumuló otros 255 días de licencia por enfermedad, y en el año siguiente sumó más de 150 días adicionales, también sin goce de sueldo.

En su descargo, la empleada admitió los hechos y alegó desconocimiento de la normativa. Justificó las licencias por problemas de salud propios y familiares, y aseguró que en el último tiempo optó por licencias sin goce de sueldo. Sin embargo, el STJ consideró que su conducta representaba una infracción grave a los principios de honestidad y buena fe que rigen el empleo público.

El fallo del STJ destacó que "la conducta exhibida por la agente se encuentra alejada de lo esperable de una empleada judicial" y subrayó la necesidad de "resguardar la confianza pública en la integridad del Poder Judicial". La cesantía tiene carácter expulsivo y busca sentar un precedente en la administración pública.

Además, el caso fue remitido a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la provincia para determinar si la situación generó un perjuicio económico al erario público. De comprobarse, la Fiscalía podría avanzar en la formulación de cargos penales contra la ex empleada.

Este caso ha reavivado el debate sobre la falta de controles efectivos en el pluriempleo dentro de la administración pública, una problemática que se intensificó durante la pandemia debido al trabajo remoto. La decisión del STJ podría abrir la puerta a una revisión más estricta en la contratación y fiscalización de agentes estatales en todo el país.