Un crimen de extrema violencia sacudió a la localidad de Guaymallén, en Mendoza, donde Adriana Suárez, de 40 años, asesinó a su inquilino César Rodas, de 41, en un hecho que ha generado conmoción y repudio en la comunidad. El episodio ocurrió el miércoles 18 de junio en una vivienda de la calle Adolfo Calle, en el barrio Las Cañas, donde Suárez cumplía prisión domiciliaria junto a sus cinco hijas menores de edad.

Según la investigación, la agresión comenzó cerca del mediodía, cuando Rodas fue golpeado durante aproximadamente cinco horas. Posteriormente, Suárez y su pareja, Marcelo Altamirano, lo asesinaron con un hacha, descuartizaron el cuerpo y quemaron parte de los restos en una parrilla. Parte del cuerpo fue devorada por los perros de la casa, según confirmaron fuentes policiales.

El caso salió a la luz cuando un familiar de Suárez recibió imágenes del cuerpo mutilado y realizó la denuncia. Al llegar la policía, la mujer confesó el crimen y fue detenida junto a Altamirano. Un tercer sospechoso es buscado por la justicia, mientras que otro hombre que estuvo presente fue liberado tras comprobarse que no participó directamente en el homicidio.

En un primer momento, Suárez alegó que el móvil del crimen fue un supuesto intento de abuso sexual de Rodas hacia una de sus hijas. Sin embargo, la fiscalía descartó esta versión tras las pericias realizadas a las menores, quienes no presentaron signos de abuso físico. Las niñas, de entre 6 y 15 años, fueron trasladadas para recibir asistencia psicológica y médica, y se prohibió la difusión de datos sobre ellas.

Adriana Suárez tenía antecedentes penales por robo agravado y amenazas, y cumplía prisión domiciliaria desde 2020. La víctima, César Rodas, alquilaba una habitación en la casa desde hacía pocas semanas. El hecho ha reavivado el debate sobre el control de las prisiones domiciliarias y la protección de menores en contextos de vulnerabilidad social.

La fiscalía imputó a Suárez y Altamirano por homicidio agravado con ensañamiento, delito que prevé prisión perpetua. El caso sigue en investigación y ha generado alarma social en Mendoza, donde vecinos relataron situaciones de abandono y consumo de sustancias en la vivienda.