El juicio oral contra Marcelo Núñez, cacique de la comunidad mbya guaraní Tarumá Poty en San Vicente, Misiones, comenzó esta semana, cinco años después del brutal femicidio de María Solange Diniz Rabela. Núñez enfrenta cargos por homicidio agravado por femicidio, delito que contempla la pena de prisión perpetua según el Código Penal argentino.

El crimen ocurrió el 12 de abril de 2020, en plena pandemia, cuando la joven de 22 años fue hallada mutilada, parcialmente calcinada y semi enterrada cerca de la vivienda del acusado. La investigación se inició tras la denuncia de la familia de la víctima, que alertó a las autoridades sobre su desaparición y enfrentó obstáculos para obtener información dentro de la comunidad.

Durante la instrucción, la Fiscalía reunió pruebas clave, como un serrucho y mantas con sangre hallados en la casa de Núñez, así como restos óseos incinerados y una cama quemada en las inmediaciones. La defensa del cacique sostiene que la joven murió por COVID-19 y que actuó siguiendo supuestas recomendaciones médicas de cremar y enterrar el cuerpo para evitar contagios. Sin embargo, tanto médicos como miembros de la comunidad negaron haber dado esas instrucciones, y la Fiscalía considera que la incineración fue un intento de borrar pruebas del crimen.

El proceso judicial, a cargo del Tribunal Penal Uno de Oberá, prevé dos jornadas de audiencias en las que se escucharán 14 testimonios, incluidos peritos forenses, personal de salud y vecinos de la comunidad. Para garantizar el derecho del imputado, se convocó a un intérprete guaraní. La acusación está liderada por el fiscal David Ezequiel Augusto Milicich, mientras que la defensa corresponde al abogado Jorge Zabulanez.

La detención de Núñez se produjo en la aldea Pai Antonio Martínez, a 40 kilómetros del lugar del hecho, tras una breve fuga. La comunidad mostró resistencia a la intervención policial y judicial, lo que dificultó la investigación inicial. El entorno de la víctima asegura que no existían denuncias previas de violencia y que la relación con el cacique era reciente.

El caso ha generado un fuerte impacto en Misiones y es seguido de cerca por organizaciones de derechos humanos y de género, ya que pone en debate la convivencia entre costumbres comunitarias, derechos indígenas y el sistema judicial. El veredicto del tribunal podría sentar un precedente en la provincia y marcar un hito en la lucha contra la violencia de género en contextos interculturales.