Una azafata de Aerolíneas Argentinas fue detenida el pasado 4 de mayo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando intentaba abordar el vuelo AR-1304 con destino a Miami, Estados Unidos, llevando consigo un cargamento millonario de artículos de lujo. El operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) permitió descubrir, mediante el escáner de equipaje, joyas valuadas en más de 58 millones de pesos, relojes Rolex, monedas de oro y diez teléfonos iPhone de última generación.

La mujer, identificada como María del Carmen Patane, de 64 años, fue imputada por el delito de contrabando y se le prohibió la salida del país. En el allanamiento realizado en su domicilio, las autoridades incautaron US$93.920 y 15.730 euros en efectivo. La investigación, a cargo del juez Diego Alejandro Amarante, busca determinar la ruta y el origen de la mercadería, así como la posible existencia de una red de contrabando más amplia. Para ello, se están analizando mensajes de WhatsApp y correos electrónicos de la imputada.

Según fuentes judiciales, Patane alegó que transportaba los objetos como favor a un tercero y que los teléfonos eran para reparar. Sin embargo, la cantidad y el valor de los bienes incautados han generado sospechas sobre la magnitud del caso. Diez días después del incidente, la azafata presentó su renuncia a Aerolíneas Argentinas.

El fenómeno del contrabando de oro y artículos de lujo no es nuevo en Argentina. Casos similares han involucrado tanto a tripulantes de cabina como a pasajeros, y suelen estar vinculados a la economía informal y al lavado de dinero. El valor del oro en el mercado argentino, superior al de otros países, incentiva este tipo de delitos, que generalmente reciben penas bajas.

Compañeros de la azafata manifestaron sorpresa por el hecho, describiéndola como una empleada ejemplar. El caso ha reavivado el debate sobre la efectividad de los controles aeroportuarios y la vulnerabilidad ante el contrabando, mientras la Justicia continúa investigando si existe una red organizada detrás del incidente. Las implicaciones futuras podrían incluir mayores controles y reformas en la legislación sobre delitos económicos y aduaneros.